Directiva de Asosejud habría acordado pagar ₡1.857 millones por edificio sin aval de socios
Foto: Google Street View.
La Junta Directiva de la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud) habría acordado pagar ₡1.856.797.841 para construir y remodelar sus instalaciones sin la autorización de la asamblea general de asociados.
La asociación es investigada por administración fraudulenta. Durante los allanamientos del pasado 1.º de setiembre, la Fiscalía de Fraudes y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hallaron documentación del denominado "Proyecto edificio".
Entre esos documentos figura un contrato de gestión de proyecto entre Asosejud y la constructora M&C Servicios Múltiples de Asesoría S. A., firmado directamente por el presidente de la asociación, Parris Quesada.
El contrato contemplaba remodelar el primer piso y ampliar el segundo del edificio de la asociación, con los ajustes estructurales necesarios para construir eventualmente un tercer piso. El inmueble se ubica sobre calle 21, cerca de la antigua Casa Matute Gómez, en el centro de San José.
El presupuesto incluye construcción, remodelación interna, sistemas mecánicos y eléctricos, aire acondicionado, elevadores y equipamiento.
De forma preliminar, la investigación determinó que se pagaron estudios y anteproyectos pese a que la asamblea de asociados no habría aprobado la iniciativa en 2022.
Para el juez penal que analizó el caso, resulta llamativo que, en un proyecto de esa magnitud, con un costo cercano a los ₡2.000 millones, no se pudiera constatar un acuerdo de la asamblea general que autorizara el uso de los recursos.
Pagos millonarios
Los investigadores identificaron un anticipo de aproximadamente ₡315 millones, pagado el 19 de junio pasado, equivalente al 15% del monto total del contrato de remodelación.
No fue un desembolso aislado. La revisión financiera detectó 29 pagos a la constructora entre 2022 y 2026, que suman ₡938.682.655. Cubrieron consultorías, estudios, anteproyectos, permisos, adendas, ajustes de diseño y, finalmente, la ejecución del proyecto.
En su defensa, el gerente general, Mauricio Villalta, aportó una certificación de las obras con corte a diciembre de 2024. El juez concluyó que ese documento no desvirtúa los hechos investigados ni justifica la falta de aprobación de la asamblea, según lo que establece la Ley de Asociaciones Solidaristas.
El Juzgado Penal de San José señaló que, al omitir la consulta a la asamblea, los integrantes de la Junta Directiva asumieron "amplios poderes de disposición del patrimonio de todos los asociados" y comprometieron seriamente los recursos de la entidad.
El juez consideró que autorizar obras por cerca de ₡2.000 millones sin el aval de la asamblea podría configurar el delito de administración fraudulenta. Por ello, ordenó medidas cautelares, entre ellas la separación de 10 integrantes de Asosejud de sus cargos durante un año, además de otras prohibiciones, mientras avanza la investigación.
La legislación otorga amplias facultades al presidente de una asociación solidarista, pero le exige la aprobación previa de la Junta Directiva para ciertas actuaciones, como adquirir inmuebles, constituir gravámenes sobre bienes o realizar inversiones que puedan afectar los intereses de los asociados.
Además, la política interna de inversión de Asosejud exige que las inversiones busquen rentabilidad y seguridad. La reserva de excedentes debe colocarse únicamente en certificados de depósito a plazo de entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional, y las inversiones a la vista, mediante una sociedad administradora de fondos de inversión (SAFI).