Asociación invirtió $2,3 millones en conocidos conciertos sin garantía de recuperarlos
La inversión de $2,3 millones que la Asociación Solidarista de Servidores Judiciales (Asosejud) hizo para financiar el concierto de Snoop Dogg y Ryan Castro, de la productora de Don Stockwell, fue riesgosa, atípica y sin garantía de retorno, según detalla el expediente judicial del caso.
Stockwell es investigado por presuntamente legitimar capitales para el narcotraficante Edwin Vargas, conocido como "Sobrino". Contra Stockwell la Fiscalía pidió seis meses de prisión preventiva.
Asosejud acordó financiar el concierto por un monto global de $2.320.000, que incluía $270.000 por concepto de "booking fee" y $2.050.000 relacionados con el costo del artista, el mercadeo inicial y los depósitos. El costo total estimado del proyecto ascendía a $3,1 millones.
Según las indagaciones policiales, el contrato estructuraba un negocio sumamente riesgoso, ya que la recuperación del capital dependía de los ingresos obtenidos mediante la venta de entradas y otras fuentes de ingresos del evento.
Sin garantía y contra las normas
El documento reconocía expresamente que no existía garantía de ganancias y que toda la inversión dependía del resultado económico del concierto. Toda la operación era contraria a la política de inversión de Asosejud, una norma que exige que los fondos se administren con criterios de rentabilidad y seguridad.
Las reglas internas estipulan que las inversiones deben realizarse en mecanismos seguros, como certificados de depósito a plazo en entidades del Sistema Financiero Nacional o mediante sociedades administradoras de fondos de inversión (SAFI). Además, requieren un estudio previo del Departamento de Finanzas y la aprobación de la Comisión de Finanzas.
El financiamiento de un espectáculo musical internacional no formaba parte de las categorías ordinarias de inversión permitidas, debido al elevado riesgo y a la falta de las garantías exigidas por la política, según el expediente.
El gerente general, Mauricio Villalta, habría intervenido directamente al dar su "visto bueno" a una factura por $1.650.000 relacionada específicamente con el pago al artista Snoop Dogg. Ese documento sustentó la solicitud de transferencia de fondos al extranjero por el mismo monto.
La transferencia al exterior fue firmada digitalmente el 27 de agosto de 2026 por el presidente de Asosejud, Parris Quesada y el vicepresidente Miguel Ángel Ovares, según la investigación. La aprobación de esta operación, que no estaba contemplada en las políticas de inversiónpuso en riesgo el capital de la asociación, según cita el expediente judicial.
Cuando un juez autorizó los allanamientos y otras diligencias contra Asosejud, el concierto ya había sido cancelado. Entre los factores que agravaron la incertidumbre sobre la recuperación del dinero figura la situación judicial del promotor y deudor del contrato, Stockwell Ulloa, quien ya afrontaba la petición de seis meses de prisión preventiva por la otra causa por presunta legitimación de capitales.
Esta situación judicial hizo más incierta la recuperación de los más de $2 millones invertidos y volvió "extremadamente sospechosas" las razones que motivaron la operación, señala la documentación judicial.
Reacción de emergencia
El 14 de setiembre, días después de los allanamientos por el caso Éxodo, que salpicó a Stockwell, la junta directiva y la Fiscalía de Asosejud se reunieron en una sesión extraordinaria para discutir el contrato.
En esa sesión, los miembros de la Junta acordaron despedir sin responsabilidad patronal al asesor legal de la asociación, César Azofeifa. Le atribuyeron como "falta grave" el presunto incumplimiento de su responsabilidad de revisar el contrato de financiamiento en todos sus extremos.
El juez que autorizó los allanamientos determinó que el presidente de Asosejud, pese a contar con 32 años de experiencia en la Dirección Jurídica del Poder Judicial, intentó evadir su responsabilidad al alegar que desconocía las irregularidades del contrato que él mismo había firmado.
Según la resolución judicial, el despido del asesor legal habría buscado eliminar a un potencial testigo y amedrentar a otros colaboradores, lo que constituiría un peligro de obstaculización de la investigación.
En esa misma sesión del 14 de setiembre, los directivos decidieron rescindir unilateralmente el contrato y notificaron la decisión a Stockwell Ulloa en su domicilio, en Pozos de Santa Ana.
El Juzgado Penal advirtió que esta rescisión constituía una muestra de "continuidad delictiva", pues el contrato no contenía cláusulas que permitieran darlo por terminado unilateralmente y, según el análisis judicial, no existían causales legales para hacerlo ni se había producido un incumplimiento contractual grave que justificara la decisión.
Al tratarse de un contrato bilateral vinculante, su terminación irregular por parte de la Junta Directiva podría acarrear futuras demandas por responsabilidad civil, el pago de indemnizaciones y, por ende, mayores perjuicios económicos para la asociación.
Tras una solicitud de la Fiscalía Adjunta de Fraudes, el Juzgado Penal de San José ordenó la separación por un año de 10 personas investigadas por administración fraudulenta. Adicionalmente, esta impone la prohibición de ejercer directa o indirectamente actos de administración, representación, fiscalización o disposición patrimonial en nombre de la asociación.
Además del impedimento de ingresar a las oficinas, bodegas o instalaciones de la entidad, y la prohibición de comunicarse, directa o indirectamente, por cualquier medio, con funcionarios, exfuncionarios o testigos relacionados con los hechos investigados.
Los imputados son de apellidos Quesada, Ovares, Loría, Conejo, Calvo, Montes, Ocampo, Fallas, Rojas y Villalta.