Diputados y OIJ hacen cambios a plan de intervención de comunicaciones
Se analizan incluir nuevas tipificaciones de delitos
La Asamblea Legislativa y el Poder Judicial corregirán el proyecto de ley 23.690 que busca modernizar la legislación para permitir las intervenciones de las comunicaciones como parte de las estrategias para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
Este plan forma parte del grupo de 5 iniciativas que el Poder Ejecutivo convocó a las Sesiones Extraordinarias como parte del plan Costa Rica Segura, pero que según un informe del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso tendría algunos roces con la Constitución Política y otras leyes en el país.
La propuesta de ley fue dictaminada por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso en noviembre anterior tras aprobarse un texto sustitutivo al planteamiento original del Gobierno.
Sin embargo, ahora los legisladores y las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) buscan introducirle más cambios a la iniciativa. Esto se hará mediante la presentación de mociones de fondo por parte de los congresistas en las próximas semanas y que serán discutidas en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Los nuevos cambios
Archivo CRH
El Gobierno, los diputados y el Poder Judicial están preparando nuevos cambios a esta propuesta de ley con el objetivo de acelerar su trámite legislativo.
En la mesa de trabajo conformada por representantes de los supremos poderes de la República se pretende que la propuesta conforme el grupo de 5 proyectos que se priorizarán en las próximas semanas con el objetivo de someterla a votación en un plazo no mayor a 3 semanas.
Antes, eso sí, se busca hacerle ajustes a la propuesta. Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) explicó que las discusiones se concentran en incorporar otras tipificaciones de delitos y procesos de investigación para implementar las intervenciones.
Zúñiga explicó que actualmente la ley faculta hacer intervenciones de comunicaciones en investigaciones sobre homicidios calificados. La intención es incluir también el homicidio simple.
También, según el jerarca del OIJ, se discute también incorporar el delito de extorsión. Esto según dijo Zúñiga, por el aumento de delitos ligados a los prestamos conocidos como gota a gota.
Por último, está valorando permitir la implementación de estas intervenciones en casos de desaparición de mujeres.
Fuera la participación de la DIS y policía municipal
Durante su etapa de discusión en comisión la principal corrección que los diputados le hicieron a la propuesta del Gobierno fue eliminar una reforma al artículo 10 de la Ley 7425 sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones. Con esa reforma el Ejecutivo pretendía permitir a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) participar en escuchas telefónicas.
El artículo mencionado decía que los jueces podían delegar "en cualquier otro cuerpo policial" la participación en escuchas telefónicas. Este era uno de los aspectos sobre los cuales habían más cuestionamientos sobre posibles roces con la Constitución, por lo que antes de dictaminar la iniciativa los diputados dejaron claro en el nuevo texto que la DIS, que está adscrita a la Presidencia de la República, no tendrá participación en estas acciones de intervenciones.
Además de la DIS, también se dejó claro que no podrán realizar este tipo de intervenciones las policías municipales. Así las cosas, estas intervenciones a las comunicaciones seguirán a cargo de los jueces y en algunas excepciones, según el criterio de estos, delegadas en jerarcas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público.
Al proyecto además se incorporaron cambios para que se ampliara la posibilidad de intervenciones a otras tecnologías más allá de las telefónicas fijas y móviles, inalámbricas y digital.
Los diputados también dejaron claro en el nuevo texto que, además del delito de trasiego de drogas, estas intervenciones se podrán realizar para investigación de delitos como la venta de órganos y delitos sexuales, entre otros.
Dentro de los procedimientos de una investigación policial o jurisdiccional, los tribunales de justicia podrán autorizar la intervención de comunicaciones orales, escritas o de otro tipo, incluso las telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas, digitales y por cualquier otro medio tecnológico, cuando involucre el esclarecimiento de los siguientes delitos: extorsión, secuestro extorsivo, corrupción agravada, proxenetismo agravado, fabricación, producción o difusión de pornografía y delitos sexuales contra personas menores de edad; trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y tráfico de órganos; homicidio calificado, homicidio simple, femicidio, genocidio, terrorismo y los delitos previstos en la ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo", dice la propuesta.
A su vez, en la nueva propuesta se fija que estas intervenciones podrán realizarse hasta por 4 meses en cada autorización. La ley actual otorga 3 meses.
"La intervención ordenada se autorizará por un lapso máximo hasta de cuatro meses, salvo en los casos de extrema gravedad o de difícil investigación, en los que el Juez, mediante resolución fundada, disponga una prórroga. Excepcionalmente, se podrán ordenar, por igual plazo, hasta dos prórrogas como máximo. En todo caso, la intervención no podrá exceder el plazo máximo de un año", dice el texto.
Horacio Alvarado Bogantes, diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC) dijo que el dictamen de la propuesta demuestra el interés del Congreso en priorizar el combate a la criminalidad