Los legisladores concluyeron que la expresidenta ejecutiva del PANI, Patricia Vega (derecha), cometió graves incumplimientos. (CRH).

(CRHoy.com) -Diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos recomendaron al Plenario Legislativo que pida al Ministerio Público investigar a las exjerarcas del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Patricia Vega Herrera y Ana Teresa León Sánchez, por graves incumplimientos en la gestión de ambas.

Así lo acordaron en un informe aprobado este jueves por la totalidad de congresistas de ese órgano legislativo y que fue trasladado para su conocimiento al Plenario.

En el informe -producto de una investigación realizada por la comisión- se pide a la Fiscalía investigar a las expresidentas ejecutivas de la institución por la posible comisión de delitos de diversa naturaleza.

También piden investigar a la auditora interna del PANI, María Auxiliadora Chaves Campos, y trasladar una copia completa del expediente a la Procuraduría General de la República (PGR) para que determine eventuales responsabilidades en materia civil y/o patrimonial económico y administrativo por los supuestos daños ocasionados al Estado, y su posible recuperación a los responsables.

La diputada Yorleny León, del PLN, pidió una revisión integral del PANI. (Cortesía/Asamblea).

"Acá lo grave no es solamente que una institución subejecuta una cantidad importante de su presupuesto todos los años, como lo consigna el informe, y aunque nos horroriza que también la entidad encargada de velar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes no ha contado con un plan de trabajo estratégico bien planteado por años, haciendo que su labor no pueda ser medida de manera certera", dijo la legisladora Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos.

Sostuvo que el problema de fondo es que el país sufre una ola de violencia contra los menores de edad frente a una institución ineficiente.

"Lo que hace diferente a este caso es que tenemos las vidas de muchas personas menores de edad pendiendo de un hilo, y ese hilo se puede romper más fácilmente porque no hay una respuesta efectiva del Estado", agregó.

Faltas graves

Los diputados también señalaron a la expresidenta del PANI, Ana Teresa León. (CRH).

Los diputados concluyeron que las dos exjerarcas, mandos de dirección y la Auditoría Interna del PANI incurrieron en graves incumplimientos de deberes señalados hasta por la Constitución Política.

"Nos permitimos emplear el calificativo de ineficiencia, negligencia y repudio por supuestas faltas graves", indican en el dictamen de mayoría.

Esto, con relación a la función primordial del PANI de proteger de manera especial y de forma integral a los menores de edad y sus familias.

En el informe, también llaman la atención sobre los elevados índices de subejecución presupuestaria anual y recursos sin ejecutar por parte de la institución.

Por ejemplo, mencionan que en 2017 el presupuesto del PANI fue de ₡72.904 millones, de los cuales se dejaron de ejecutar ₡17.251 millones. En 2018, el presupuesto alcanzó ₡96.948 millones, pero no se ejecutaron ₡35.172 millones. En 2019, el presupuesto girado fue de ₡103.115 millones, de los cuales no se ejecutaron ₡38.541 millones.

"Una ejecución presupuestaria limitada dentro de una institución que debe velar por el bienestar de la niñez costarricense, en medio de lo que muchos han denominado como una crisis de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes, y con muchas voces levantándose por la ineficiencia institucional, deber ser una señal de alerta inequívoca", sostienen.

Otras de las conclusiones que señalan en el informe son las siguientes:

• Debilidades en el seguimiento y verificación de recomendaciones de la Auditoría Interna a la administración de la entidad.
• Ausencia de planificación de objetivos de interés institucional.
• En un 70% de los expedientes evaluados no se evidenció la existencia de planes de intervención y cronogramas para la ejecución de las actividades de atención.
• Años de atraso de la institución en la implementación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo.
• No ha logrado aprovechar sus recursos tecnológicos para la atención de denuncias sobre situaciones de riesgo a la integridad física o violación de derechos de menores de edad.
• Deficiencias en la administración de cuentas bancarias que están bajo el control de las Direcciones Regionales del PANI.
• Dudas sobre los estados financieros de la institución examinados por la Contraloría General de la República (CGR).
• Deficiencias en el control de transferencias presupuestarias.
• Desequilibrios en la asignación de recursos humanos e incumplimiento de metas operativas en oficinas locales.