Diputados quieren reformar proceso electoral con 4 nuevas leyes
También están sobre la mesa planes sobre escrutinio y voto digital
Las próximas elecciones nacionales para elegir al nuevo presidente de la República y a los 57 nuevos diputados serán el domingo 1 de febrero de 2026.
A poco menos de 20 meses para la próxima cita de los costarricenses en las urnas de elección, los diputados ya impulsan al menos 4 proyectos de ley que buscan reformas al marco normativo actual para los comicios.
Las iniciativas de ley, presentadas por legisladores de todas las fracciones legislativas, buscan cambios desde la definición de la contribución estatal para esos comicios- conocida como deuda política-, acceso de financiamiento anticipado, reformas sobre el escrutinio de los votos y la posibilidad del voto digital.
Además de estas propuestas impulsadas por los legisladores, en el Congreso también hacen fila otras reformas electorales impulsadas por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Recorte a la contribución estatal
Diputados de distintas fracciones legislativas buscan, en un segundo intento, reducir la deuda política para las elecciones nacionales de 2026 y las municipales de 2028. Es decir, rebajar el monto de la contribución estatal para financiar las campañas de los partidos políticos.
La propuesta es reducir la contribución del 0,19% a un 0,085% del Producto Interno Bruto (PIB). De aprobarse, la reducción le significaría al Estado un ahorro de ¢50 mil millones.
La Constitución Política establece que el Estado debe aportar un 0,19% del PIB como contribución para los procesos electorales; sin embargo, es usual en los últimos períodos que los diputados aprueben rebajas.
Para las elecciones nacionales de 2022 el monto de la contribución estatal fue de ¢19.791 millones, mientras que para los pasados comicios municipales fue de ¢10.795 millones.
Financiamiento anticipado
Los diputados del Frente Amplio (FA) y del oficialismo impulsan un proyecto de ley que les permita a los partidos políticos recibir por adelantado la mitad del financiamiento estatal para las campañas electorales.
La propuesta de ley se tramita bajo el expediente 24.346 propone que el TSE pueda adelantar hasta el 50% de la deuda política. Según la iniciativa, de ese monto un 80% será para la compra y pago de pauta publicitaria en empresas nacionales de comunicación colectiva de televisión, radio y prensa, incluyendo los medios digitales.
El restante 20% se distribuirá de forma igualitaria entre partidos nacionales con candidaturas a la presidencia, vicepresidencia y diputaciones y entre partidos de escala provincial con candidaturas de diputados inscritas.
Cambios para escrutinio
Otro proyecto, presentado recientemente a la corriente legislativa, busca una reforma al artículo 197 del Código Electoral con el objetivo de modificar el proceso de escrutinio.
Actualmente, este artículo indica que "el escrutinio consiste en el examen y la calificación de la documentación electoral a cargo del TSE, hecho con base en el definitivo conteo y la asignación de votos realizados por las juntas electorales".
La propuesta pretende que se establezca que el escrutinio se realice "con base en el conteo y la asignación de votos realizados por las juntas electorales", modificando la terminología de "definitivo conteo" y utilizando simplemente "conteo".
Según los proponentes, esto proporcionaría " mayor flexibilidad y eficacia al TSE en la administración principalmente de los procesos electorales y los recuentos" en situaciones excepcionales donde surjan dudas sobre la integridad de los resultados electorales.
"Esta medida puede interpretarse como una precaución destinada a salvaguardar la transparencia y la integridad del proceso electoral" dice la propuesta.
Voto digital "desde la casa"
En abril anterior 5 diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa desoyeron una advertencia de los magistrados del TSE acerca de la inconstitucionalidad de un proyecto de ley -impulsado por el oficialismo- para obligar al órgano electoral a implementar en las elecciones de 2026 "el voto digital o desde la casa".
A pesar de que los magistrados del TSE advirtieron desde el pasado 9 de abril a la Comisión que este proyecto es inconstitucional, el proyecto impulsado por el oficialismo se dictaminó de manera afirmativa.
La iniciativa quiere reformar el artículo 169 del Código Electoral para establecer la obligación del TSE de implementar "medios digitales de votación confiables y seguros, además del uso de papeletas".
En una respuesta a los diputados tras una consulta del texto, los magistrados explicaron que la Constitución Política señala que el derecho fundamental al sufragio los ciudadanos lo ejercen "ante las juntas electorales en votación directa y secreta", por lo que existe un impedimento constitucional para la aplicación del voto digital.
Los magistrados explicaron a los diputados que el cambio que quieren hacer debe hacerse mediante reforma a la Constitución Política, y no mediante una vía de ley ordinaria. En otras palabras, si se quisiera introducir -en el ordenamiento jurídico costarricense- la votación digital, lo que debería plantearse es una discusión de reforma constitucional en torno al referido artículo 93 del texto político fundamental.
TSE también pide cambios
En marzo de 2023 el TSE presentó un grupo de reformas electorales con el propósito de cambiar el mecanismo de financiamiento de los partidos políticos, regular el uso de troles en campañas y combatir la desinformación, además de introducir un nuevo criterio para la cancelación de agrupaciones políticas.
La reforma sobre el uso de troles prohibiría la propaganda por medio de perfiles, cuentas y páginas falsas, o de cuentas administradas por una persona que no es el titular. Este proyecto de ley también facultaría al TSE a sancionar la desinformación y la propaganda mediante troles.
Otro proyecto de ley prohibiría a los partidos reconocer gastos en bienes y servicios pagados a integrantes del Comité Ejecutivo o a sus familiares, así como personas jurídicas vinculadas.
Una tercera propuesta endurece las reglas para la constitución de un nuevo partido político. Por ejemplo, se necesitarían 150 asambleístas como mínimo para grupos de escala nacional y provincial, mientras que 75 para uno cantonal.
Se requeriría, además, un total de adhesiones equivalentes al 0,15% del padrón electoral para inscribir un partido, de acuerdo con su escala, en lugar de las 3 mil firmas que actualmente exige el Código Electoral.
Para efectos de la inscripción de un partido de escala nacional, tendría que presentar 5.300 firmas, de acuerdo al padrón electoral de las elecciones nacionales 2022.
Adicionalmente, se permitirá cancelar los partidos políticos que, tras dos años de no renovar sus estructuras, no den inicio con ese proceso, y se devolvería al erario público la reserva para gastos de organización y capacitación, si los tiene.
El TSE también impulsó una reforma constitucional para reducir el aporte estatal a los procesos electorales. El planteamiento del órgano electoral es reducir dicho aporte al 0,11% del PIB)
Esta reforma sería directamente al artículo 96 de la Constitución Política del país.