Diputados plantean reformas para evitar que asociaciones compren bonos de deuda política

Asegosep-PAC

Diputados de 4 fracciones políticas condenaron la compra que hizo la Asociación Solidarista de Empleados del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública (Asegosep) de bonos de deuda política serie b del Partido Acción Ciudadana (PAC) durante el periodo electoral del 2022, para impulsar la fallida aspiración política a diputado del exjerarca del Consejo Nacional de Producción (CNP) Rogis Bermúdez.

Los congresistas insisten en que es necesario revisar la legislación actual y buscar cerrar portillos para evitar hechos como estos, donde los ahorros y cesantías de los trabajadores se ponen en riesgo con estas acciones.

Según la documentación, Bermúdez tramitó la compra de los bonos como propios, pero los pagó con fondos que le giró la Asociación Solidarista.

Bermúdez era candidato a diputado por el PAC en ese instante. En total, Asegosep desembolsó ¢18 millones, que tras el resultado de las pasadas elecciones, donde esta agrupación no logró ningún escaño en el Congreso, el monto no se pudo recuperar.

Las solidaristas tienen impedimento para comprar este tipo de certificados, tomando en cuenta la sentencia N.° 15.343 del año 2013 de la Sala Constitucional.

El jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) Óscar Izquierdo señaló que cualquier acto de corrupción debe ser investigado.

"No quisiéramos pensar que esta asociación fue una especie de caja chica para esta agrupación política, sobre todo porque se utilizan fondos públicos para una campaña política, cuando la Sala Constitucional ha dicho en varias oportunidades que una asociación solidarista, no puede comprar bonos de deuda".

Izquierdo cree que los responsables deben de dar las explicaciones correspondientes y el Ministerio Público llegar a las últimas consecuencias, en este caso, para evitar que algo similar se vuelva a repetir.

Para el diputado del Partido Liberal Progresista (PLP) Jorge Dengo lo revelado por CRHoy.com sobre este caso motiva a analizar si desde el punto de vista legal hay que hacer algún tipo de reforma, reforzando además lo que ya la Sala IV ha dicho.

"Parece que hay una compra que a todas luces parece difusa de la asociación solidarista, entonces vale la pena analizar si hay que cerrar algún portillo tanto en la ley de asociaciones solidaristas como en el Código Electoral".

Aunque para Dengo los fondos que recibe la asociación del Estado no son públicos.

Para la diputada del Frente Amplio (FA) Rocío Alfaro es preocupante que se ponga en riesgo la cesantía de miles de trabajadores, en este caso del Ministerio de Seguridad Pública.

"Que se ponga en riesgo ese futuro por un favorecimiento político ilegal que no respeta lo que la Sala Constitucional ha mencionado al respecto y entonces de nuevo los trabajadores son utilizados en función de los intereses del político de turno, de quien tiene el poder y quien aspira a mantenerse en ese poder", indicó Alfaro.

Para Alfaro, el Ministerio Público debe actuar de oficio, hay una ilegalidad obvia, pero también hay derechos laborales que están siendo vulnerados y que eso debe ser analizado.

"El tema electoral debe verse con lupa porque finalmente es un tema de poder y cuando hay una utilización de recursos de personas que no los dan por su gusto para acceder a estos espacios de poder, lo que tenemos es un completo abuso y una burla a la democracia costarricense", agregó la frenteamplista.

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) Vanessa Castro ve este caso como una prueba más que fortalece las observaciones realizadas por la comisión legislativa que investigó el financiamiento de la campaña electoral y las estructuras paralelas de los partidos políticos.

"Nos revela que tenemos que profundizar en el estudio de las reformas electorales que cierren portillos para que no exista este tipo de situaciones y no se den formas anormales de financiamiento que vengan a perturbar y a perjudicar la democracia", afirmó.

El expresidente de la Asegosep, Williams Serrano, indicó sobre la compra de los bonos que todo se planteó como un negocio que podía ser rentable a futuro, tomando en cuenta que Acción Ciudadana tenía 8 años en el poder y en los últimos 20 años contó con legisladores en la Asamblea Legislativa.

El otrora máximo representante de ese gremio, explicó que la decisión de dar los ¢18 millones al candidato del PAC tenía un trasfondo exclusivamente económico con la esperanza de ver el retorno de la inversión dos años después, cuando se pudiera cobrar la deuda política una vez que se liquidaran los certificados.

Agregó que ellos se "asesoraron legalmente" antes de hacer la compra.

Supervisión

Precisamente, para establecer un mejor control sobre lo que hacen las asociaciones solidaristas, la jefa de fracción del FA, Sofía Guillén, propuso un proyecto de ley (expediente 24.053) para que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) esté obligada a fiscalizar a las asociaciones solidaristas de intermediación financiera.

El proyecto también establece mecanismos de verificación del uso correcto de recursos por parte de las instituciones públicas que transfieren fondos de cesantía a las asociaciones solidaristas.