Diputados liberan de la regla fiscal al Sistema de Emergencias 9-1-1

Foto con fines ilustrativos CRH

(CRHoy.com).-Un total de 37 diputados aprobaron este lunes en segundo debate el expediente 22.732 que exceptúa al Sistema de Emergencias 9-1-1 de la regla fiscal.

Este proyecto se votó en primer debate en la pasada legislatura el 28 de abril. Desde el inicio de la actual legislatura se intentó aprobar en segundo debate, luego que el sistema alertó que no podría operar por la falta de recursos.

Las legisladoras recordaron que este servicio no se financia del presupuesto nacional por lo que la medida no afectaría las finanzas públicas y a la deuda del país.

Este se nutre de un impuesto fijo a las telecomunicaciones como la telefonía móvil y fija.

La aplicación de la regla fiscal le cortaría más de 600 millones de colones al 9-1-1 sumado a más de 400 millones de colones que ya se le recordaron.

La directora del Sistema de Emergencias 9-1-1, Elena Amuy Jiménez, le envió un oficio al jefe de fracción del Frente Amplio (FA), Jonathan Acuña, donde le señala que la falta de recursos está impidiendo atender situaciones de violencia familiar y brindar cobertura a personas con discapacidad auditiva.

"Aunque el decreto N° 43589-H permite el uso de esos recursos adicionales, este no resuelve la necesidad que se tiene para asumir nuevos contratos indispensables para poder implementar el servicio de atención de situaciones de emergencias por medio del app necesaria en la atención de situaciones de violencia intrafamiliar, personas con discapacidad auditiva, que en la actualidad no se logran atender, y niñez y adolescencia", indica la nota.

Discusión

La diputada del FA, Sofía Guillén hizo un llamado al presidente de la República, Rodrigo Chaves para que no vete el proyecto y lo termine de respaldar con su firma.

La legisladora señaló que si bien, el Poder Ejecutivo mediante una nueva interpretación de la regla fiscal, permitió al Sistema liberar algunos de sus recursos, esto no es suficiente para poder operar como lo indica la ley.

Guillén enfatizó que los fondos que recibe el 9-1-1 no provienen del Gobierno central, sino de la venta de un servicio de telecomunicación que cofinancia este sistema.

"Esos recursos no tienen relación con el déficit fiscal del Gobierno de la República, por lo tanto sigue siendo necesaria esta ley para que no quede sujeta a interpretaciones o reglamentos", explicó

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Gilberth Jiménez, también espera que el mandatario no se oponga a la ley y centró su mensaje en la labor que hace el 9-1-1 la cual es salvar vidas.

"Es aquí donde hay que tener mayor conciencia donde a una institución con esta no le podemos poner un candado y aquí está por encima la seguridad de los ciudadanos y se creó una regla fiscal que se vendió como una maravilla y es todo lo contrario", afirmó.

El diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Felipe García, cuestionó a quién debería estar inscrito el 9-1-1 y que la regla fiscal no se puede saltar por decreto.

Afirmó que la fracción presentaría una ruta para entender la regla fiscal y como debe ser interpretada.

Oposición

La jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros indicó a las bancadas que ellos votaron en contra del proyecto porque insisten que con la nueva interpretación de la regla fiscal sobre lo presupuestado y no sobre lo efectivamente gastado, el Gobierno garantiza que el sistema puede operar sin problemas.

"El gobierno no apoya que esta institución ni ninguna otra para los efectos se salga por el momento de la regla fiscal, lo cual no quiere decir que no esté dispuesto a considerar una serie de reformas para garantizar un adecuado financiamiento a las instituciones y un adecuado servicio público", señaló.

Cisneros insistió que el 9-1-1 no está en riesgo y que no se interrumpirán las llamadas de emergencias.

Según el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, se hizo un cambio en la ejecución presupuestaria, para darle 586 millones de colones a este servicio.

Hay que recordar que el presidente Chaves podría vetar la ley. Si eso ocurriera y el proyecto regresa al Congreso, para un resello (es decir la posibilidad que tienen los diputados para revocar el veto presidencial) se ocuparían 38 votos.