Diputados: Gobierno demora propuesta para solución en Crucitas
Dos propuestas en el Congreso buscan permitir actividad
El Poder Ejecutivo tiene detenida la discusión para autorizar la explotación de yacimientos de oro en Cutris de San Carlos, ahora que concluyó el reclamo económico de la empresa Infinito Gold por el caso de Crucitas.
Tras casi 2 meses desde que la Presidencia de la República convocó a los diputados para discutir la viabilidad de impulsar un proyecto para la minería a cielo abierto -la cual quedó prohibida por ley desde el año 2011- los diputados no han recibido mayor información por parte del Gobierno sobre la propuesta.
Mientras los congresistas cuestionan la demora del Ejecutivo con su propuesta, en la Casa Presidencial es poco lo que se prefiere hablar del tema. Lo único que se mencionó tras una reciente consulta de este medio es que el plan del Gobierno sigue en preparación por la Presidencia y los ministerios de Comercio y Ambiente.
"Un equipo conformado por MINAE, COMEX y el Ministerio de la Presidencia, se encuentra preparando una propuesta de contenidos para atender el tema de manera integral la cual, será planteada oportunamente a los Jefes de Fracción, de acuerdo con lo acordado en la reunión sostenida para abordar este tema entre los jefes de fracción y el Sr. Presidente de la República", dijo Presidencia en respuesta a una consulta de este medio.
La Presidencia no se refirió a una moratoria de concesiones en Crucitas que firmaría el Poder Ejecutivo, esto mientras se determina que proyecto legislativo se impulsará para el aprovechamiento de ese recurso que yace en la finca Vivoyet y sus alrededores.
Además, se anunció que el Ministerio de Seguridad aumentaría la presencia policial en la zona de Crucitas para combatir la extracción ilegal y proteger los recursos naturales. De este aumento de la presencia policial tampoco hay información
Los jefes de fracción de los partidos Liberación Nacional (PLN) y del Liberal Progresista (PLP), Óscar Izquierdo y Diego Vargas cuestionaron la demora del Ejecutivo para avanzar con este plan y lo exhortaron a agilizar su propuesta.
"No hemos tenido ninguna comunicación a pesar de que nos dijeron que este tema sería una prioridad. La situación en Crucitas no se puede postergar más. Exhortamos al gobierno a avanzar con su propuesta", dijo Izquierdo.
"Hicieron un show en Casa Presidencial y ahí quedó todo. No volvimos a tener ningún acercamiento para discutir este tema. Crucitas no puede esperar", comentó Vargas.
Dos proyectos se empolvan en el Congreso
Mientras que el Pode Ejecutivo demora su propuesta, en el Congreso hay 2 proyectos de ley que buscan permitir al país incursionar en el mercado de la minería a cielo abierto.
Las iniciativas de ley iniciales de esta discusión se tramitan bajo los expedientes legislativos 21.584 y 24.285.
El primero fue presentado por los exdiputados del Partido Liberación Nacional (PLN) en el pasado período, María José Corrales y Jorge Fonseca, entre tanto el segundo es autoría de la fracción del Partido Nueva República (PNR).
El proyecto de ley presentado por los exdiputados Corrales y Fonseca es el que está más adelantando en su tramitación en el Congreso. La propuesta se presentó en septiembre de 2019 y fue dictaminada afirmativamente por la Comisión de Ambiente de la Asamblea en marzo de 2022.
En septiembre del año anterior los actuales diputados aprobaron una ampliación del plazo cuatrienal a la propuesta para evitar su archivo.
El proyecto plantea 3 tipos de minería que se podrían desarrollar en el país, con un marco regulatorio: la minería artesanal, la pequeña y la mediana minería.
La propuesta señala que para llevarlo a cabo, las personas o empresas interesadas deberán contar con la viabilidad ambiental otorgada por la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Además, deberá cumplir con los requisitos que establece la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Para cada proyecto que se otorgue una concesión se conformará una Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (Comima) con participación de funcionarios del Minae, las municipalidades donde se realice el proyecto, asociaciones comunales y de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que ven temas ambientales, quienes darán seguimiento al trabajo que desarrolle el concesionario.
El proyecto establece la prohibición del uso del mercurio tanto en los procesos de exploración como de explotación de recursos. También prohíbe y el otorgamiento de permisos en parques nacionales, reservas biológicas o forestales y refugios estatales de vida silvestre.
En materia de cánones e impuestos, señala que la empresa que reciba una concesión deberá cancelar un canon anual. Si se trata de un permiso de exploración pagará medio salario base por hectárea. En el caso de explotación se establecen 3 escalas: minería artesanal, un tercio de salario base por hectárea; pequeña minería, medio salario base por hectárea y mediana minería, tres salarios base por hectárea. Además, los proyectos aprobados deberán cancelar un 20% de impuesto sobre las ventas brutas que realicen los concesionarios.
El expediente del PNR es relativamente nuevo y está empezando su tramitación. La propuesta se presentó en abril anterior y aún no tiene una comisión legislativa asignada para su análisis.
El texto es relativamente corto. Impulsa promover la titularización de los flujos futuros provenientes de las concesiones de la explotación, o de derechos de no explotación, de recursos minerales y energéticos de Costa Rica para pagar la deuda pública y bajar la tasa de interés.
Añade que el Ministerio de Hacienda deberá reportar, al menos, una vez al año a la Asamblea Legislativa y a la Contraloría General de la República (CGR), un estado de origen y aplicación de los fondos, señalando expresamente lo que se cancela con dichos recursos en términos de la cancelación de la deuda.