Diputados fueron alertados en 2021 sobre ley que afecta la lucha contra el narco
Son cerca de ₡3 mil millones anulas en el limbo por decisión aprobada por diputados y ratificada por el Gobierno
La Asamblea Legislativa aprobó hace un mes la Ley de Manejo eficiente de la liquidez del sector público, que modifica cómo se maneja parte del dinero en varios instituciones, pero al mismo tiempo, afecta la lucha contra el narcotráfico.
Básicamente, la reforma establece que las entidades que manejan fondos públicos no tendrán cuentas en el sistema bancario para reservar los recursos, sino que deben utilizar cuentas en la Tesorería Nacional, adscrita al Ministerio de Hacienda.
La Ley fue ratificada por el Gobierno y se publicó oficialmente el 18 de junio. No obstante, ni los diputados ni el Poder Ejecutivo atendieron las advertencias que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) hizo desde años atrás, sobre los efectos de esta reforma.
En esencia, la nueva ley desfinanciaría parte de la lucha contra el crimen organizado en el país, dado que se reformó las normas sobre narcotráfico y lavado de dinero. Antes, la legislación permitía al ICD tomar los bienes incautados en grandes casos judiciales y meterlos a una cuenta bancaria.
Al tener esos dineros, propiedades y hasta vehículos decomisados en depósito, entonces se generaban intereses, dinero que servía para darle presupuesto a esta institución, así como programas preventivos y represivos.
No obstante, con el cambio avalado en el Congreso recientemente, los recursos pasan ahora al Ministerio de Hacienda y el ICD no tienen acceso a repartir esas ganancias. Así lo explicó a CRHoy el director del Instituto, Fernando Ramírez.
Se reformó el artículo 85 de la Ley 8204 que es precisamente el que venía regulando la manera en que el ICD debía tratar los dineros decomisados al narcotráfico, a la legitimación de capitales y al financiamiento al terrorismo.
El anterior artículo disponía que el ICD debía invertir estos dineros y los intereses generados de esos dineros, debían distribuirse para programas de prevención, programas represivos y también el mantenimiento de bienes.
Con la ley 10.495, se estableció que todas las instituciones del Estado deben manejar los dineros en la Tesorería Nacional y esta se va a encargar de realizar las inversiones. Lo que ocurre con el ICD en particular, se eliminó por completo la distribución de los dineros.
Ahora las autoridades judiciales depositan diariamente en las cuentas de la Tesorería Nacional los dineros producto del narcotráfico y la legitimación de capitales. En Hacienda se encargarán de su custodia hasta que un juez decida si se reintegran los recursos a las personas, o si se giran a favor del Estado definitivamente.
Una muestra
Un ejemplo reciente es el Caso Coraza, en el cual las autoridades judiciales desmantelaron una banda que exportaba droga desde Nandayure hacia Estados Unidos y México, y se presume que también se dedicaba a la ganadería con el objetivo de lavar el dinero que dejaban las ganancias del narcotráfico.
Ellos tenían en su posesión casi 1.100 reses que fueron confiscadas por el OIJ y luego vendidas en subasta por ₡368 millones recaudados. Normalmente, ese dinero sería invertido por el ICD para generar intereses y ganancias para financiar la lucha contra el crimen.
No obstante, los fondos pasaron al Ministerio de Hacienda, donde permanecerán resguardados hasta que se llegue a un juicio y entonces se determine qué pasará con ese patrimonio, un proceso que podría tardar años sin obtener réditos económicos, como ocurre actualmente.
Advertencia no es nueva
Esta reforma provoca que el ICD ya no pueda distribuir los recursos de la forma que lo venía haciendo. No obstante, ya la Asamblea legislativa estaba avisada desde hace 3 años y medio sobre los efectos que provocaría esta ley en la lucha contra el narcotráfico. Por decisión u omisión, desoyeron.
Desde noviembre del 2021, la Asesoría Jurídica del Instituto Costarricense sobre Drogas remitió un criterio sobre el proyecto de ley, que es tramitado desde agosto de ese mismo año. Prácticamente advirtió que este cambio supone un cierre técnico para la entidad, porque si no pueden seguir administrando el recurso principal con el que se financia, entonces no puede operar.
Al trasladar todo el dinero a la caja única estatal, el ICD pierde injerencia sobre el manejo de estos, ya que el gasto del ICD va a estar sujeto a las normas restrictivas que el mismo Ministerio de Hacienda impone, generando que los ingresos que se vayan logrando en el período no se puedan ejecutar y por ende ese superávit específico, desaparece para los años siguientes, prácticamente no se estaría contando con recursos para cubrir la parte operativa del Instituto y no podrían cubrirse los otros compromisos legales ampliamente expuestos en este Criterio.
Inclusive fueron enfáticos en el dinero decomisado no puede ser considerado un ingreso público, puesto que son dineros que provienen de terceras personas, por tanto, no pueden ser considerados fondos públicos y presupuestarlos.
Si se trasladan a la caja única sería ilegal y ante la eventualidad de una devolución al interesado por orden judicial, el ICD estaría imposibilitado para cumplir con esta orden y correría el riesgo que sus autoridades sean demandadas por incumplimiento de funciones en sede penal.
Millonaria pérdida
El mismo informe enviado a los diputados, afirma que los intereses ganados por invertir los recursos decomisados son la principal fuente de financiamiento para el ICD, órgano a cargo de dirigir los planes nacionales antidrogas en el país. Así lo enfatizaron en el pronunciamiento del 2021.
El legislador fue visionario al proporcionarle al ICD la fuente que le permitiera atender una serie de actividades e incluso compromisos internacionales que el país asumió en diferentes acuerdos, convenciones o tratados internacionales (…).
El Instituto Costarricense sobre Drogas recibió una importante cantidad de dinero entre 2016 y 2020, gracias en gran medida a la norma modificada. Fueron casi ₡14 mil millones de colones provenientes mayoritariamente de sacar ganancias al dinero recuperado de origen ilícito.
El dinero comisado y los intereses producto de los depósitos por bienes decomisados se distribuían en un 60% para programas preventivos, de los cuales la mitad se dirigían a tratamiento y rehabilitación de personas con problemas de adicción, ejecutados por el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).
Otro 30% era destinado a los programas represivos y el 10% final, al mantenimiento de los bienes decomisados.
¿Hay solución?
Cuando se aprobó la nueva ley que desfinancia al ICD, se ejecutó una reunión entre la entidad, el Ministerio de la Presidencia y Hacienda.
Al acuerdo que llegaron es que esa cartera, se encargaría de presupuestar los recursos para la lucha antidrogas como transferencias del Gobierno y ya no como un destino específico, con base en el dinero asignado para 2024. Dicha decisión acordada entre ICD y Hacienda, fue reconfirmada por el Ministerio de la Presidencia a CRHoy:
En particular, los recursos que llegan al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) tienen que entrar en una cuenta que hoy están entrando en un banco, ahí les pagan intereses, sin embargo, estos bancos invierten en el Ministerio de Hacienda y por lo tanto es un uso ineficiente de los recursos públicos.
Lo que estamos haciendo, es trasladando esa cuenta a caja única del Estado. En caja única del Estado se va a hacer la distribución de los recursos. Con los ahorros generados por esta gestión, vamos a poder destinar recursos a cubrir ese faltante de interés.
Esta versión fue respaldada también por el jerarca Nogui Acosta, quien defendió la reforma e indicó que los recursos no se están eliminando.
Señaló que la diferencia radica en que los dineros no serán reservados en bancos públicos o privados, aunque reconoce que no se generarán ganancias o intereses, sino que los dineros quedarán ahí depositados en la Tesorería Nacional. Así lo dijo en entrevista con este medio:
Nos hemos comprometido con el ICD a reconocer los recursos en el Presupuesto de la República como corresponde. No hay diferencia en la mecánica, el procedimiento es diferente pero termina siendo lo mismo.
A la deriva
Sin embargo, con esa alternativa los recursos de la lucha contra el crimen organizado quedan en el aire, a la disposición que tenga cada año el Ministerio de Hacienda. El mismo director del ICD reconoce que sin un sustento legal, no tienen cómo respaldar la forma en que reparten el dinero captado.
Al eliminarse la distribución, el ICD queda sin fundamiento legal para poder realizar cualquier distribución. De forma tal que aunque a mí me den los recursos que normalmente estaban destinados para ser distribuidos, yo no tengo un sustento para decir que tengo que entregarlos.
Por esa razón, es que en la Asamblea Legislativa trabajan en otro proyecto para modificar la ley recién aprobada, de manera que exista una norma legal que asegure el destino del dinero para la lucha antinarco y respaldar la repartición.
Esto debido a que queda solo bajo palabra del ministro de turno, una decisión que puede cambiar en cualquier momento. Gilberth Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, presentó la iniciativa.
No se garantiza en futuras administraciones la sostenibilidad, disposición y voluntad para transferir el dinero. Consideramos que es necesario subsanar esa situación, de tal manera que los recursos tengan que destinarse para que sean utilizados como estaba establecido.
De prosperar esta propuesta, se elimina la incertidumbre de que el Ministerio de Hacienda pueda o no, retener los fondos para el ICD. No obstante, el jerarca Nogui Acosta anunció que considera contraproducente modificar una ley que no se ha implementado y primero debe evaluarse si hay una consecuencia real.