Diputados fijan interés en anomalías de concesionaria en Caldera y citan a Contralora
Jerarca del ente contralor confirmó que se debe determinar el daño causado y cobrar a la SPC y SPGC
(CRHoy.com).- Ariel Robles, diputado del Frente Amplio, confirmó que la Comisión Especial de la Provincia de Puntarenas citó a comparecer a Marta Acosta, Contralora General de la República (CGR) con el fin de que se refiera a la resolución donde se ordena al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico cobrar a la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC) y la Sociedad Portuaria Granelera de Caldera (SPGC) los daños cometidos por incumplimientos en el contrato de concesión.
Robles dijo que la oposición en la Asamblea Legislativa debe realizar una labor, muy cuidadosa y cautelosa en cuanto a todo lo que tenga que ver con la administración pública, independientemente del gobierno que sea.
"Uno entiende que actualmente hay un gran deseo de la población de que al gobierno le vaya bien, ojalá que le vaya bien, pero creemos que todas las acciones que tome el gobierno de la República deben ser fiscalizadas con tal seriedad, independientemente si es, ‘San Rodrigo Chaves' o quien sea verdad", comentó el diputado frenteamplista.
El legislador comentó que desde el momento en que el gobierno de la República anunció que había un interés por ampliar el contrato de la concesión de la SPC y la SPGC, en la que figura la familia de Calixto Chaves, amigo y exfinancista de la campaña del presidente Rodrigo Chaves, nos ha llamado mucho la atención y le han dado seguimiento a pesar de que las autoridades de gobierno dicen que es una "casualidad".
El 20 de junio pasado, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que procuran extender por 5 años el contrato con la SPC. Dicha compañía es la operadora de la terminal desde el 2006 y tiene contrato vigente hasta agosto del 2026. La ampliación extendería el plazo hasta el 2031.
Marta Acosta dictó dicha resolución el 29 de julio del 2022 y rechazó un recurso de apelación interpuesto por el INCOP en contra del informe DFOE-CIU-IF-00008-2021, "Auditoría sobre el cumplimiento del INCOP en el control de las concesiones de dicho puerto", del 26 de noviembre de 2021.
"De oficio y para una mejor comprensión, precisar las disposiciones 4.5 y 4.7 (de la Auditoría), para que se lean de la siguiente manera, sin perjuicio de cualquier prórroga de plazo que haya concedido el Área de Seguimiento para la Mejora Pública: '4.5. Determinar el daño causado a la eficiencia de los servicios portuarios, derivado de los incumplimientos de las productividades acordadas contractualmente y establecer su cuantificación, con base en ello aplicar, conforme al ordenamiento jurídico, las acciones indemnizatorias que correspondan", señaló el fallo de la Contralora.
