Diputados culpan a municipio por desorden urbano en Paraíso

Las protestas por falta de agua en el cantón de Paraíso, Cartago, se han vuelto recurrentes. (CRH).

(CRHoy.com) -Diputados de la Comisión Especial de Cartago culparon a la Municipalidad de Paraíso por irregularidades y desorden en el desarrollo urbano de ese cantón.

Así lo establecen en un informe aprobado este martes en el que sostienen que no se pudo comprobar mala fe por parte de los desarrolladores privados de los proyectos urbanísticos de Los Lagos, Jacaranda, Torres del Paraíso y Properi.

Pero sí sostienen que los problemas presentados alrededor de esos proyectos fueron, principalmente, ocasionados por el desorden, la falta de diligencia y supervisión por parte de las autoridades municipales encargadas de tutelar el adecuado ordenamiento y desarrollo territorial del cantón.

Según el informe, la municipalidad no cumplió con los principios de eficacia y eficiencia en el cumplimiento de la Ley de Planificación Urbana porque debía controlar, vigilar y supervisar la correcta aplicación del plan regulador, que no fue acatado a cabalidad en algunos de los proyectos en cuestión.

Además, se hallaron importantes deficiencias en otorgamiento de licencias, visados de planos y dotación del servicio de agua potable.

Los legisladores concluyeron que, de acuerdo con información de la Contraloría General de la República (CGR), quedó en evidencia la facilidad para cometer fraudes en algunos nombramientos.

"Son notables las deficiencias e ineficiencias detectadas en la administración actual y las anteriores, que en el ejercicio de sus funciones aprobaron los proyectos en cuestión, exponiendo a la Municipalidad a graves incumplimientos de la Ley de Planificación Urbana en el cantón de Paraíso y el erario público municipal", señala el documento.

También sientan responsabilidades sobre el Concejo Municipal, la Auditoría Interna de la Municipalidad y expresan dudas sobre el accionar del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Invu).

Los diputados recomendaron al Ministerio Público abrir un expediente para investigar a los involucrados y a la Contraloría determinar si las actuaciones de los funcionarios podrían constituir delitos en perjuicio de la Hacienda Pública.

El informe será remitido al Plenario Legislativo para su discusión y votación.