Diputados cuestionan modelo del Ejecutivo para construir Ciudad Gobierno
Diputados de fracciones opositoras cuestionaron el modelo con el cual el Poder Ejecutivo pretende desarrollar el proyecto de Ciudad Gobierno.
Legisladores de diferentes bancadas coincidieron en que el proyecto para agrupar a 35 instituciones públicas y casi 11 mil funcionarios en 210 mil metros cuadrados de construcción y áreas verdes es "un buen negocio", sin embargo, les preocupa y coincidieron con la Contraloría General de la República (CGR) acerca de como el Gobierno conceptualizó su financiamiento y desarrollo.
Los cuestionamientos de los diputados a los planes del Ejecutivo se dieron este martes en la Comisión de Asuntos Jurídicos, en la cual el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, llegó a defender los 2 proyectos sobre la Ley General de Contratación Pública con el fin de construir el proyecto, sin necesidad de que su financiamiento cuente con la aprobación de los diputados, como se exige en los casos de endeudamiento externo (ver detalle abajo).
El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás Alvarado, dijo que Ciudad Gobierno "va en la dirección correcta para que el Estado deje de pagar alquileres que tienen un incremento cada año. Sin embargo, el liberacionista cuestionó que aún no hay claridad sobre la viabilidad funcional del plan, su impacto ambiental y trayectoria jurídica.
En este caso, el ministro Acosta admitió que la definición de estos aspectos mencionados por Nicolás no se han concluido.
Los proyectos que defiende el Ejecutivo
En noviembre pasado la CGR señaló que el procedimiento que pretende utilizar el Ejecutivo para desarrollar el proyecto Ciudad Gobierno no está contemplado en la Ley General de Contratación Pública.
A raíz de ello, en diciembre el Ejecutivo presentó 2 proyectos de ley sobre la Ley General de Contratación Pública con el fin de construir el proyecto sin necesidad de que su financiamiento cuente con la aprobación de los diputados, como se exige en los casos de endeudamiento externo.
La primera de las propuestas plantea una interpretación auténtica de los artículos 67 y 77 de Ley General de Contratación Pública, para "esclarecer que el espíritu del legislador y el contenido de estas normas", a fin de que no restrinjan el desarrollo de proyectos bajo mecanismos especiales en terrenos públicos.
La segunda iniciativa consiste en una reforma a la Ley General de Contratación Pública, en sus artículos 67 y 77, para que la normativa establezca que sí está permitido el desarrollo de este tipo de proyectos bajo mecanismos especiales en terrenos del Estado.
En este sentido, los diputados también cuestionaron estas 2 iniciativas.
La frenteamplista, Rocío Alfaro y el socialcristiano, Alejandro Pacheco, señalaron que en el caso del proyecto de la interpretación auténtica hay que tomar en cuenta que esta busca hacer una corrección ante una mal interpretación o una confusión que se haya cometido, lo cual no es el caso.
Alfaro y Pacheco consideran que esta herramienta sería "abusiva".
"El proyecto estaría naciendo muerto", comentó Pacheco al respecto.