Diputados citan a Sobrado para hablar de presuntas filtraciones del narco en campañas
Luis Antonio Sobrado, dejará esta semana su cargo como magistrado presidente del TSE (Archivo)
(CRHoy.com) El magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Luis Antonio Sobrado, será el que abrirá el período de audiencias en la comisión investigadora del Congreso que se creó para investigar los presuntos vínculos del narcotráfico con el diputado de Liberación Nacional, Gustavo Viales, así como los supuestos nexos de estos grupos con las municipalidades y procesos electorales en los cantones del sur del país.
La audiencia de Sobrado está prevista para este martes 1 de junio. La presidenta de la comisión, la diputada independiente Zoila Volio, dijo que hay interés de los diputados en tener la información que maneje el TSE en relación a donaciones "sospechosas" a partidos políticos y la presunta filtración del narcotráfico en el financiamiento de las campañas políticas.
"Quisiéramos ver qué denuncias se han tramitado, el conocimiento que tiene ellos y qué bloqueos tienen para este tipo de filtración.
La semana tras anterior esta misma comisión aprobó llamar también en audiencia- en próximas semanas- a otros 3 altos jerarcas para que les den insumos para su investigación. Se acordó llamar a la fiscala general, Emilia Navas; Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia y a la contralora general de la República, Marta Acosta.
Además de estos 4 jerarcas, la moción aprobada también incluye al mismo diputado Viales y a su padre, el alcalde de Corredores, Carlos Viales Fallas.
También se incluyen a Román Chavarría, de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense contra las Drogas(ICD); Andrés Rodríguez, de la Unidad de Información y Estadística Nacional sobre Drogas del ICD; Guillermo Araya, exdirector del ICD entre los años 2014 y 2020; Ileana Mora, fiscala adjunta de Narcotráfico; Wagner Molina, fiscal adjunto de lavado de dinero y a Ronald Chacón, jefe del Departamento Financiero de Partidos Políticos del TSE.
A la vez, se llamarán a los alcaldes de Osa, Buenos Aires, Golfito y Coto Brus; Jorge Alberto Cole, José Bernardino Rojas, Freiner William Lara y Steven Barrantes, respectivamente.
Los diputados también aprobaron mociones para solicitar a varias de las instituciones mencionadas información sobre el estado del narcotráfico en la zona sur del país. También se le solicitó información en este sentido a Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
¿Qué se va investigar?
Esta comisión deberá de realizar su investigación en este último año de este período constitucional y deberá rendir su informe al Plenario el 22 de abril del 2022.
Esta investigación se abrirá por iniciativa del diputado de Acción Ciudadana, Luis Ramón Carranza, quien propuso la moción. En un inicio el diputado consideró impulsar que la investigación se desarrollará en la comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, pero cambió de opinión tras considerar que en ese foro legislativo hay en fila varias investigaciones, como por ejemplo las de las compras de las mascarillas en la Caja Costarricense de Seguro Social y la de las irregularidades en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, lo que podría dificultar el trabajo de la comisión y avance de la investigación.
La investigación se abrió después de que el martes 14 de abril el diputado Viales admitiera que visitó la casa del cabecilla de un presunto líder narco cuya banda fue desintegrada semanas atrás.
Viales dijo que la polémica visita a la casa de este hombre fue para recoger unos documentos que le había enviado el presidente municipal de Corredores, Bernabé Chavarría Hernández. Los documentos habrían sido sobre denuncias de vecinos relacionados con el Hospital de Ciudad Neily.
Chavarría Hernández fue detenido la semana tras anterior producto de una investigación judicial por parte del OIJ por presunto narcotráfico. A él le colocaron tobillera electrónica.
El legislador insistió en desligar a su familia y su nombre en actividades criminales y dijo desconocer al propietario de la vivienda; aseguró quien no fue quien le entregó los supuestos documentos. La casa está localizada en San Joaquín de Heredia.