Diputados cierran portillo para que plan contra capitales emergentes se use para persecuciones políticas
El lunes se presentará un nuevo texto al proyecto de ley que se discute
Los diputados de la oposición tomaron la decisión de sacar al Ministerio de Hacienda de las entidades que podrían solicitar al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que se puedan secuestrar o retener los bienes relacionados con un proceso por capitales emergentes, es decir, bienes y valores de los que se sospecha podrían tener su origen en actividades delictivas o ilícitas.
La posibilidad de que Hacienda pueda hacer esta solicitud está contemplada en el proyecto de ley que busca atacar los capitales del narcotráfico y el crimen organizado. Se trata del expediente 22.834 y que es una de las 10 prioridades de los 3 supremos poderes de la República en cuanto a iniciativas de ley para contener el crimen.
Sin embargo, entre los diputados de la oposición hay preocupación de que se le otorgue esta potestad al Ministerio de Hacienda de hacer esta petición
El diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos Cruz, mencionó que la preocupación radica en desde Hacienda en los últimos meses se han tomado decisiones "muy políticas" en vez de técnicas.
En ese mismo sentido coincidió la diputada de Liberación Nacional (PLN), Dinorah Barquero Barquero, quien a modo de ejemplo citó el caso de la persecución por parte de Hacienda contra el empresario Leonel Baruch.
"Esto – la participación de Hacienda- se puede prestar para sacadas de clavo como el caso de Leonel Baruch y el Parque Viva. Se puede prestar para persecución política", dijo Barquero.
La presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas Montero, coincidió con Campos y Cruz sobre esta preocupación y anunció que la próxima semana se presentará un nuevo texto en el que se excluirá a Hacienda de esta potestad.
Además de Hacienda, la propuesta señala que esta solicitud de retener estos bienes podrán hacerla también la Contraloría General de la República (CGR), el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Ministerio Público.
En el caso de estas otras 3 entidades, el resto de congresistas de la comisión a excepción de Campos del PLP, están de acuerdo que mantengan dentro del proyecto.