Diputados buscan mejorar respuesta de instituciones para evitar casos como el de Keibril
Foto con fines ilustrativos.
En el Congreso avanzó un proyecto de ley que busca una mejor articulación y respuesta de las instituciones encargadas de velar por la niñez y la adolescencia, para evitar que se repitan casos como el bebé Keibril.
La niña Keibril García, de apenas 9 meses, fue raptada y posteriormente asesinada en abril del 2023.
Su madre, era una niña de apenas 12 años de edad, y su situación ya era conocida por el PANI, la Fiscalía de Cartago y el MEP.
La propuesta busca además redirigir fuentes de financiamiento con las que ya cuentan las instituciones, de manera que no se crean más impuestos, para darle un sustento legal a la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Alejandra Larios, explicó que este organismo debería ser capaz de articular y coordinar a las instituciones públicas para lograr una planificación interinstitucional y sectorial.
El objetivo es unificar un protocolo para que entidades como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Ministerio de Educación Pública (MEP), de Salud y Justicia y Paz, junto al Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para atacar casos de violencia contra niños y adolescentes.
"Es evidente la necesidad de trabajar en prevención del delito y de la violencia para abordar de manera integral el problema de inseguridad, por lo que una legislación que ayude a dar sostenibilidad a las acciones coordinadas y articuladas será una alternativa propicia para el país, tomando en cuenta que hay una gran cantidad de acciones institucionales que se están realizando sin articulación entre las instituciones", comentó Larios.
El proyecto ordena redirigir el 2% de transferencia que hacen las municipalidades de los recursos provenientes de la Ley sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles, para que la comisión pueda trabajar.
Hoy día ese 2% se redistribuye de la siguiente manera: 1% se transfiera a la Junta Administrativa del Registro Nacional, un 0.5% se transfiera al Viceministerio de Paz y un 0.40% que quedará en las municipalidades para inversión en programas de prevención y un 0.10% que se transferirá a Flacso para el desarrollo del índice de seguridad ciudadana, investigación y cooperación técnica y científica en temas de prevención de la violencia.
Según los presupuestos municipales del año 2023, el 2% de transferencia de las municipalidades correspondería a ¢2.946.844.348.
Oficialismo en contra
Ese plan se votó en primer debate en el plenario antes del receso de Semana Santa, pero la fracción oficialista lo votó en contra.
La jefa del oficialismo, Pilar Cisneros, explicó que si bien ellos están de acuerdo con la propuesta por el fondo, cuestionan la forma en que se quiere financiar.
Alegó que al quitarle los recursos del 1% que recibe el Registro Nacional y redireccionarlo a este nuevo ente, se afectará los servicios que da esta entidad, principalmente a la seguridad jurídica para evitar los fraudes registrales.
Agregó que se afectaría el proyecto del mapa del catastro nacional, afectando a las municipalidades y la recaudación de los impuestos territoriales.
La diputada Larios indicó que el Registro Nacional no contestó la consulta que se hizo del proyecto.
Además, que el proyecto señala que los registros se girarán a partir de enero del 2027, evitando así que se afecten los recursos para el mapa catastral que estaría terminando, según el ministro de Justicia, Gerald Campos, a finales del 2026.
El segundo y último debate quedó programado para el 4 de abril.