(CRHoy.com) -Varios diputados buscan evitar el traslado de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) a la Asamblea Legislativa, como lo propone una cuestionada reforma a la Ley de Protección de Datos Personales impulsada por el oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC).

Así lo impulsan los legisladores en una de las mociones de fondo al texto que tendrán que ser discutidas y votadas por los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos antes de que el expediente vuelva al Plenario Legislativo.

En el texto que promueven los congresistas del PAC se establece la creación de la Prodhab como un órgano adscrito a la Asamblea Legislativa.

"La Prodhab desempeñará sus funciones con absoluta independencia funcional, administrativa, técnica, presupuestaria y de criterio. Tendrá personería jurídica propia en el desempeño de las funciones que le asigna esta ley", se indica en el proyecto.

Según la propuesta, la Prodhab velará por el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos por parte de entidades públicas y privadas.

Además, sus jerarcas serían elegidos y juramentados por la Asamblea Legislativa.

También se ordena que todas las bases de datos deberán ser inscritas ante la Prodhab.

Sin embargo, varias mociones planteadas buscan eliminar 25 artículos del texto en discusión, entre ellos el del traslado de la Prodhab del Ministerio de Justicia a la Asamblea Legislativa y el de la obligación de inscribir todas las bases de datos ante esa institución.

Inconstitucional

Mauricio París y Daniel Rodríguez, presidente y director ejecutivo de la fundación Privacidad y Datos (Pridat), respectivamente, advierten que el traslado de la Prodhab a la Asamblea Legislativa sería inconstitucional.

En su criterio, la Sala Constitucional resolvió, en el voto 502-91, que la Asamblea Legislativa no puede usurpar competencias que la Constitución Política atribuye al Poder Ejecutivo.

"En concreto, la competencia de 'administración activa', que es la posibilidad de dictar órdenes o sanciones (incluyendo multas a otras instituciones), es una facultad del Poder Ejecutivo, por lo que no puede una ley contradecir la Constitución y trasladarle esta competencia a la Asamblea Legislativa", argumentan los expertos en datos.

Recordaron que por ese motivo la Defensoría de los Habitantes, que es un órgano del Poder Legislativo, no tiene facultades de imponer sanciones.

"Dado que existe un antecedente tan claro dictado por la Sala Constitucional, cuyas resoluciones son vinculantes, existe un riesgo muy elevado de que el proyecto sea declarado inconstitucional, trayendo al traste todo el esfuerzo de su aprobación", sostienen.

Aunque reconocen que la Prodhab requiere mayor independencia, esta debe estar orientada a las atribuciones con que cuenta, su autonomía presupuestaria y el mecanismo de designación y destitución de quien la dirige.

"El traslado a la Asamblea Legislativa no es viable jurídicamente. Se ha usado como ejemplo de que sí se puede el caso de la Contraloría General de la República. Sin embargo, este es un órgano de carácter constitucional, no creado por ley", insisten París y Rodríguez.

Ambos manifiestan que es necesario que la Prodhab se mantenga en el Ejecutivo, pero como un órgano de desconcentración máxima y con un procedimiento transparente y por concurso para el nombramiento de su director.

Según los especialistas, por afinidad la Prodhab debería estar ubicada en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).

Mociones

La moción para eliminar la propuesta de trasladar la Prodhab a la Asamblea Legislativa es una de las primeras 119 enmiendas de fondo que recibió el proyecto, como parte de su trámite de discusión y votación en primer debate.

Estas comenzarán a ser discutidas y votadas por la Comisión de Asuntos Económicos a partir de este martes, explicó la diputada Ana Karine Niño, del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de ese órgano legislativo.

Los legisladores todavía pueden presentar más mociones al proyecto de ley que también tendrían que ser analizadas y votadas por la Comisión de Asuntos Económicos antes de que el texto regrese al Plenario Legislativo.

El proyecto de ley, que avanza en el Congreso, ha despertado advertencias y cuestionamientos en su integralidad por parte de expertos en ciberseguridad.

Además  de trasladar la Prodhab a la Asamblea Legislativa, los especialistas han señalado otros riesgos como permitir los intercambios masivos de datos personales entre entidades del Estado, mediante la firma de convenios institucionales.

Según han dicho, legalizar la cesión de datos personales entre entes públicos abriría portillos a la operación de entidades como la cuestionada Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) impulsada por el gobierno de Carlos Alvarado.