Diputados avanzan con plan para atacar capitales del narco
En próximos días iniciativa será devuelta a primer debate para afinar alcances
La tarde de este lunes de manera unánime los 40 diputados presentes en la sesión del plenario legislativo aprobaron el proyecto de ley 23.834 que pretende incorporar la figura de una medida cautelar para asegurar los bienes relacionados con un proceso por capitales emergentes, es decir, bienes y valores de los que se sospecha podrían tener su origen en actividades delictivas o ilícitas.
El texto fue acogido en enero anterior por los jerarcas de los 3 supremos poderes de la República como parte de la lista de 10 iniciativas de ley para combatir la criminalidad y el narcotráfico.
La propuesta pretende una reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
El proyecto propone que la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Ministerio Público puedan, antes de presentar la denuncia por el incremento de capital sin causa lícita aparente, solicitar al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, la adopción de una medida anticipada y provisional destinada a asegurar, secuestrar, conservar o verificar bienes y productos financieros de interés.
El texto señala que el incremento de capital deberá ser igual o superior a los $50 mil o su equivalente en otra moneda y, con una retrospectiva hasta de 10 años, de cualquier funcionario público o persona de derecho privado, física o jurídica.
El plan añade que, para estos efectos, la autoridad jurisdiccional emitirá los respectivos mandamientos de anotación e inmovilización registral de los bienes muebles e inmuebles, así como la orden de congelamiento preventivo al sistema financiero por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Para la adopción de la medida anticipada y provisional no se requerirá otorgar audiencia a las partes. Concedida la medida, las instancias legitimadas para denunciar deberán interponer la denuncia en el plazo de un mes, esto a partir del día de la notificación del auto que ordena la medida anticipada y provisional o de la ejecución efectiva de la diligencia.
Se detalla, además, que el juez del Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda entregará en depósito judicial al ICD estos bienes o productos financieros.
Los diputados acordaron que en próximos días el expediente será retrotraído a primer debate con la finalidad de discutir temas que consideran que deben revisarse, entre ellos el monto del incremento del capital y la participación del Ministerio de Hacienda dentro de las entidades que puedan solicitar la medida.