Diputados avalan Fondo de Avales con nuevas reglas y condiciones
Recursos se distribuirán según la cantidad de empleados de las empresas
La Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso aprobó un nuevo texto sustitutivo al proyecto de ley para crear el Fondo Nacional de Avales y Garantías. (Cortesía/Despacho de la diputada Ana Lucía Delgado).
(CRHoy.com) -Diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios avalaron este martes el proyecto de ley para crear el Fondo Nacional de Avales y Garantías, pero con nuevas reglas y condiciones.
Por unanimidad, 11 legisladores dictaminaron afirmativamente el quinto texto sustitutivo al proyecto de ley que busca ayudar a las empresas cuyos ingresos se han visto afectados por la pandemia del COVID-19, mediante el acceso a nuevos financiamientos bancarios y modificaciones a créditos vigentes, a cambio de que conserven el empleo.
La nueva versión del proyecto de ley recoge las observaciones hechas por distintas fracciones parlamentarias y precisa las condiciones bajo las cuales operará el Fondo, que se financiará con un crédito internacional por $300 millones negociado por el Gobierno con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Por ejemplo, define las reglas y requisitos para la distribución de los recursos a las personas físicas y jurídicas que realicen actividades empresariales y comerciales afectadas por la pandemia. También eleva el porcentaje de cobertura para las distintas operaciones de crédito avaladas.
Las reglas
Los avales se podrán otorgar en moneda nacional o extranjera. (Foto con fines ilustrativos/Archivo/CRH).
El Fondo se creará para el otorgamiento de avales en moneda nacional o extranjera en apoyo a nuevos financiamientos o modificación de créditos vigentes que concedan las entidades financieras fiscalizadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) a las personas físicas o jurídicas con actividades comerciales o empresariales.
Los beneficiarios tendrán que ser de capital mayoritariamente costarricense y deberán demostrar que atraviesan dificultades temporales de liquidez como consecuencia de la crisis económica ocasionada por la pandemia.
El Consejo Rector del Fondo asignará los recursos entre los intermediarios financieros de acuerdo con la participación de cada uno en el saldo de crédito al sector privado, según la información que proporcione el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
El intermediario financiero fijará los montos máximos de avales por sectores de actividad económica. Deberá priorizar todas las actividades económicas por su nivel de afectación, de conformidad con un informe técnico emitido por el BCCR.
Los recursos se distribuirán de acuerdo con las siguientes reglas:
- Hasta un 20% para personas físicas o jurídicas que empleen más de 100 trabajadores.
- Al menos un 40% para las personas físicas o jurídicas que empleen 30 o menos trabajadores.
- La proporción restante será para las empresas que empleen entre 31 y 100 trabajadores.
Requisitos
Las entidades financieras que participen deberán estar fiscalizadas por la Sugef. (Archivo/CRH).
Quienes opten por un aval deberán acreditar lo siguiente:
- Que previo al decreto de emergencia nacional ocasionada por el COVID-19 tenían una clasificación de "comportamiento de pago histórico" buena o aceptable en la Central de Información Crediticia de la Sugef y una morosidad igual o menor a 60 días.
- Que enfrentan dificultades temporales de liquidez como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
- Que sus proyectos u operaciones financiadas por créditos elegibles para un aval se efectúen dentro del territorio nacional.
- Que suscriban un compromiso ante la entidad financiera para mantener el número de empleados al menos al nivel que tienen al momento de solicitar el aval y durante el plazo en que se mantenga vigente el aval. Las empresas podrán acreditar situaciones de estacionalidad que afectan la cantidad de empleados que pueden mantener de conformidad con el ciclo económico del negocio y limitar a ello su compromiso.
- Para operaciones crediticias ya constituidas, el aval únicamente podrá ser utilizado para complementar la garantía con que cuentan esas operaciones. Ni en este caso ni en los créditos nuevos el aval se podrá emplear para la sustitución de la garantía por parte del deudor.
¿Cómo operará?
El proyecto de ley pasará ahora al Plenario Legislativo. (Archivo/CRH).
El Fondo Nacional de Avales y Garantías será administrado mediante un fideicomiso conformado por el Ministerio de Hacienda en condición de fideicomitente y el BCIE, que aportará los $300 millones, será el fiduciario.
El fiduciario administrará los recursos financieros transferidos al fideicomiso, de conformidad con los lineamientos y directrices que sean emitidos por el Consejo Rector.
Los rendimientos percibidos por el fideicomiso pasarán inmediatamente al Ministerio de Hacienda para el cambio de fuente de financiamiento del Presupuesto Nacional y las inversiones que se realicen con dichos fondos tendrán que estar actualizadas en un programa financiero y ser remitidas al Consejo Rector.
Cada intermediario financiero definirá y remitirá al Consejo Rector los porcentajes de pérdida esperada por grupo homogéneo de riesgo. También deberá remitir a la Sugef la información necesaria para las labores de supervisión y regulación.
La cobertura de cualquier aval podrá ser de hasta el 75% del saldo deudor de cada crédito y la cobertura de la operación crediticia avalada será solamente sobre el principal.
Para dotar de recursos al Fondo, el Ministerio de Hacienda realizará un aporte anual durante 5 años. Cada aporte será equivalente a una quinta parte de los $300 millones.
Los avales podrán solicitarse y aprobarse durante los 18 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley. El Consejo Rector podrá extender, por única vez, el plazo hasta por 6 meses adicionales.
El proyecto de ley pasará ahora al Plenario Legislativo para su discusión y votación en dos debates reglamentarios.