Plan para eliminar beneficios a condenados por narco está detenido en el Congreso
Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa tienen detenida la discusión de un proyecto de ley que pretende que los sentenciados por delitos ligados al narcotráfico y actividades ilícitas conexas no puedan acogerse a una serie de beneficios.
Desde mediados de septiembre los diputados tienen pendiente la discusión de las últimas 27 mociones de fondo presentadas al proyecto de ley. La discusión está varada porque estas mociones se presentaron desde el 17 de septiembre anterior, sin embargo, en las sesiones de la Comisión de los 19 y 26 de septiembre los congresistas decidieron posponer su conocimiento.
Sin que se agote esta etapa procesal del expediente legislativo, el plan no puede avanzar en su discusión por el fondo y votación en el plenario legislativo.
Cambios importantes
El proyecto de ley, bajo el expediente 23.714, entre otras disposiciones pretende que a los sentenciados por delitos ligados al narcotráfico no se les contabilice el año carcelario en 10 meses, sino no 12. Actualmente, un privado de libertad que se dedique a trabajar, estudiar o participar en una actividad cultural o deportiva -mientras descuenta su condena en prisión- puede purgar un año de cárcel en 10 meses.
La rebaja está regulada en el artículo 55 del Código Penal, de acuerdo con una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa en el año 1994. Se trata del descuento del dos por uno, es decir, por dos días de trabajo se le descuenta uno.
El proyecto busca eliminar esta posibilidad.
La iniciativa, de aprobarse en el plenario legislativo, impedirá que los sospechosos y condenados por narcotráfico puedan acogerse a esta y otras medidas, las cuales se resumen en la siguiente gráfica.
Gilbert Jiménez, presidente de la Comisión de Seguridad, dijo que el atraso en la discusión de estas 27 mociones obedece a la priorización de los congresistas de otras iniciativas para combatir la criminalidad. Previó que la semana entrante se pueda concluir la tramitación.
Gilberto Campos Cruz, diputado y subjefe de fracción del PLP, dijo que el proyecto de ley "dicta un nuevo paradigma en el juzgamiento de las causas de narcotráfico y sus actividades conexas, endureciendo las reglas procesales penales a las que se someterán a las personas acusadas por ese tipo de delitos.
"Consideramos que el país debe mirar este tipo de ilícitos con otros ojos debido a la peligrosidad que implican para la gran mayoría de costarricenses honestos y trabajadores y no beneficiar con descuentos de la condena a aquellas personas que se dediquen al narcotráfico", dijo el congresista.
El plan añade que la declaratoria de narcoactividad y manifestación criminógena se aplicará a todos los delitos listados en el capítulo I del Título IV de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo y sus reformas.
Semanas atrás el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Luis Alonso Salazar, recomendó a los diputados avanzar con la discusión del proyecto de ley.
Salazar dijo que el plan busca suprimir los beneficios carcelarios en el caso de la narco actividad. Es decir, eliminar beneficios tales como la libertad condicional, el cumplimiento de penas en sistemas alternativos cuando los sospechosos cumplen un tercio de la pena impuesta, el monitoreo electrónico.
"Se pretende dar un tratamiento diferenciado a una conducta criminal que está causando un estrago social en la perspectiva social en muchos ámbitos. El proyecto es de orden procedimental y busca un procedimiento especial para hacer efectiva la legislación de fondo que está vigente en el combate a la narco actividad", explicó el experto.
Añadió que el texto del proyecto requiere de ajustes en temas de redacción, pero aseguró que por el fondo es una propuesta "beneficiosa" porque no implica un cambio en la legislación de fondo y que no requiere de costos extras en la administración de justicia. "No se requieren de nuevos fiscales ni nuevas salas de juicios. Se puede aplicar con la legislación actual y los mismos recursos", añadió el catedrático.
