Diputados aprueban obligar a Hacienda a girar recursos para seguridad
Al Ministerio de Seguridad se le girará el 75% de lo recaudado, al OIJ el 15% y al Ministerio de Justicia 10%
La tarde de este miércoles, con 45 votos a favor, el plenario legislativo aprobó en primer debate el proyecto de ley 23.973, el cual busca obligar al Ministerio de Hacienda a trasladar la totalidad de los recursos provenientes del impuesto a las personas jurídicas al mejoramiento y fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
Esta iniciativa busca obligar al Ministerio de Hacienda a trasladar la totalidad de estos recursos para la atención de la seguridad del país, ya que una disposición contemplada en el conocido Plan Fiscal -aprobado en 2018- permite que este Ministerio no gire la totalidad de estos recursos provenientes de este tributo.
El último cambio aprobado por los diputados al proyecto aumenta en un 10% los recursos que se le deberán de girar al Poder Judicial provenientes de la recaudación del impuesto para que este poder de la República se los traslade al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para atender la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico. Para el OIJ se aumentó de un 5% a un 15%.
Al Ministerio de Justicia y Paz se le incrementó de un 5% a un 10%. El cambio aprobado señala que para el Ministerio de Seguridad se le girará un 75% en vez del 90% que tenía asignado.
El Ministerio de Seguridad deberá de utilizar los recursos en infraestructura y equipamiento para la Fuerza Pública, el Ministerio de Justicia para la Dirección de Adaptación Social y el OIJ para el combate al crimen.
En los 3 casos los diputados dejaron claro que los recursos no se podrán usar en remuneraciones, pagos de horas extras ni en viáticos para el exterior o interior del país.
La propuesta de ley reforma para esto los artículos 10, 11 y 13 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas para que se destine la totalidad de los recursos.
Según se ha estimado, entre 2021 y 2023 se dejaron de presupuestar ¢21.274,7 millones.
El proyecto también propone que la Contraloría General de la República incluya en la certificación de la efectividad fiscal de los ingresos del presupuesto de la República, la estimación de recaudación de este impuesto.
A su vez, se establece que el Ministerio de Hacienda deberá incorporar la actualización de los montos contenidos en la certificación señalada en el párrafo anterior, en las modificaciones presupuestarias del periodo respectivo o en los presupuestos extraordinarios que presente ante la Asamblea Legislativa.
El proyecto también señala que las entidades beneficiarias con la distribución de recursos de este impuesto deberán presentar de forma anual, al cierre del año presupuestario, un informe con el detalle de los gastos y las inversiones realizadas con los recursos provenientes de este impuesto ante las Comisiones Permanentes Especiales de Seguridad y Narcotráfico, y de Control de Ingreso y del Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa.
El segundo y último debate del proyecto quedó prevista para el próximo 5 de marzo.