Diputados agilizan proyectos relacionados con lucha contra el crimen organizado

En la agenda de proyectos de ley para discutir en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa hay un listado de 18 proyectos de ley impulsados por los diputados para atender la creciente ola de criminalidad y violencia que golpea al país.

Estas 18 propuestas de ley fueron convocadas por el Gobierno luego de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, anunciara que su administración renunciaba a impulsar sus propios planes. Esto ocurrió hace 2 semanas en el marco de la presentación de la Política de Seguridad de esta Administración.

La mayoría de estos expedientes legislativos fueron presentados por las actuales fracciones de oposición. Otros son textos que fueron impulsados por diputados de legislaturas pasadas, pero que fueron retomados para su discusión por los actuales congresistas.

Estas iniciativas buscan, entre otras cosas, restringir la libertad condicional y el otorgamiento de prisión preventiva, sancionar a quienes recluten menores en pandillas y penalizar los créditos gota a gota.

En las últimas semanas, los congresistas han aprobado mociones para que subcomisiones de Seguridad y Narcotráfico rindan informes -en plazos no mayores a un mes-  sobre estas propuestas. Además, han aprobado audiencias de sectores para que se refieran a los planteamientos.

Restringir libertad condicional y prisión preventiva

Esta agenda de los diputados contempla 2 proyectos que pretenden realizar cambios en el procedimiento que siguen los jueces a la hora de dictar libertad condicional.

El primero es el expediente 23.519. Este plan, autoría de la fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC) pretende acabar con la reincidencia delictiva. La propuesta sugiere revocar o modificar el beneficio de la libertad condicional al condenado que sea arrestado en el disfrute del beneficio.

Para ello, se propone añadir un tercer inciso al artículo 67 del Código Penal que permitiría eliminar el beneficio a las personas bajo libertad condicional que sean arrestadas en flagrancia o durante el curso de la investigación judicial por la comisión de un delito doloso.

Entre tanto, el proyecto 23.737 procura que el beneficio de libertad condicional no se pueda solicitar, en ciertos casos específicos, hasta después de que el reo cumpla dos terceras partes de la pena impuesta. Este planteamiento es de la diputada planteada por María Marta Carballo Arce, del PUSC.

La ley sería aplicada específicamente a los condenados por delitos que atenten contra bienes jurídicos que tutelan la vida, propiedad privada, seguridad sexual y la salud.

Por otra parte, está el expediente 23.986, Ley para garantizar la prisión preventiva en delitos de peligro social, presentada por el diputado Gilbert Jiménez Siles, del Partido Liberación Nacional (PLN).

Este proyecto plantea que no se puedan aplicar otras medidas cautelares alternas a la prisión preventiva cuando los hechos imputados consistan en cualquiera de los delitos de narcotráfico, crimen organizado o sicariato.

Castigar a reclutadores

Otras 2 de las propuestas de la agenda de los diputados se enmarcan dentro de los esfuerzos en evitar que menores caigan en actos delictivos y sean reclutados por pandillas.

Hay que tomar en cuenta que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha reportado menores de hasta 14 años cometiendo sicariato o laborando como gatilleros.

El expediente 24.028 propone crear una tipificación para sancionar a quienes recluten personas menores de 18 años, y los utilice o los obligue a participar directa o indirectamente en la ejecución de cualquier delito tipificado en el Código Penal.

La pena para los reclutadores sería de 6 a 8 de cárcel.  No obstante, la sanción no representa una excepción en la responsabilidad penal juvenil que pueda alcanzar a la persona menor de edad en caso de que cometa un ilícito.

En este mismo campo está el texto 23.642. Este busca la creación de una Ley de prevención de la violencia en personas menores de edad y jóvenes, para mediante el redireccionamiento de fuentes de financiamiento con las que ya cuentan las instituciones.

Este plan fue presentado por la liberacionista Alejandra Larios Trejos. Con ese expediente se pretende una articulación y coordinación de acciones preventivas de violencia, bajo la conducción de una comisión interinstitucional que estaría adscrita al Ministerio de Justicia.

Préstamos gota a gota

Los diputados quieren apresurar la discusión del proyecto de ley que pretende combatir los llamados préstamos gota a gota y las extorsiones que hay detrás de ellos.

Para ello se busca agilizar la propuesta de ley 23.575, que fue elaborada en febrero anterior por la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Gloria Navas Montero, y el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Gilberth Jiménez Siles.

Los préstamos gota a gota ocurren cuando se presta dinero a personas que no son sujetos de crédito en los sistemas financieros formales. El cobro es diario, semanal o quincenal, lo que hace muy difícil para el "prestatario" la generación de dinero para el pago, en espacios de tiempo tan cortos, produciendo el cumplimiento material del contrato, que en la mayoría de ocasiones es verbal.

Según datos del OIJ entre enero de 2020 a julio de este 2023 se habían presentado 1.256 denuncias por delitos de extorsión, asociados a este tipo de créditos.

La propuesta de los diputados Navas y Jiménez se elaboró con el respaldo del Colegio de Abogados y plantea una reforma al artículo 243 del Código Penal, para incluir, dentro del tema de usura, la "usura extorsiva".

El proyecto sanciona con una pena máxima de 4 a 12 años de prisión si el delito es cometido por una estructura de crimen organizado. Si la persona que solicitó el préstamo es víctima de intimidación, amenazas graves, privación de libertad o lesiones según las normas del Código Penal, la pena será de 3 a 10 años de prisión. La pena será de 9 meses a 3 años o de 30 a 100 días multa, cuando el delito fuere cometido por quien, no lleve libros de contabilidad conforme a las exigencias legales.

Otros expedientes

En el listado también figuran otras iniciativas. Hay una propuesta de ley para interceptar comunicaciones en casos relacionadas con el delito de extorsión. La misma fue presentada por Daniel Rojas, del PUSC.

Dicho plan pretende crear el tipo penal de "extorsión agravada" e incluirlo en el artículo 9 de la Ley de Registro, Examen y Secuestro de Documentos Privados e Intervención de las comunicaciones, para que las autoridades tengan mejores herramientas.

También se incluyen proyectos específicos para combatir el narcotráfico, como el expediente 22.552, el cual amplía la definición del delito de legitimación de capitales, adicionando la posibilidad de la configuración del ilícito a quien adquiera, convierta, transmita, oculte o encubra bienes de interés económico, participando o no, en las actividades delictivas en las que se originaron los bienes.

En este mismo sentido, hay una reforma planteada en el expediente 22.834 para modificar la Ley contra la delincuencia organizada con el propósito de fortalecer la función de la jurisdicción contenciosa administrativa. El objetivo de este plan  es robustecer la aplicación de la figura de Incremento Patrimonial sin Causa Lícita Aparente. De esta forma, se regularía la posibilidad de pedir una medida anticipada para inmovilización de bienes, la realización de notificaciones, la competencia para conocer los asuntos, y la legislación supletoria.