Diputado Vásquez, defensor del cemento chino, busca impuesto solo para cemento tico
Luis Vásquez, diputado del PUSC. Foto Archivo CRH
El diputado Marco Vinicio Redondo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), denunció que el legislador Luis Vásquez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), busca frenar el avance de un proyecto de ley que pretende gravar con un impuesto del 5% el cemento, independientemente de donde sea producido.
La propuesta original plantea poner un impuesto tanto para el cemento producido a nivel local como para el cemento importado, pero Vásquez quiere que el impuesto se cobre solo para el cemento local y por lo tanto se excluya al cemento chino del pago de ese impuesto.
Vásquez presentó una serie de mociones para modificar la iniciativa que se tramita en la Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo de la Asamblea Legislativa.
El artículo 1 del texto base propone "un impuesto (5%) sobre la producción nacional y la importación de cemento en bolsa o a granel, de cualquier tipo, para la venta o autoconsumo, con excepción del cemento destinado a la exportación".
Sin embargo, una de las mociones de Vásquez excluye el cemento importado para cobrar el impuesto solo al cemento tico. El texto original indica que se gravaría con el impuesto tanto el cemento producido en el país como el importado, pero Vásquez -quien ha sido un férreo defensor del importador del cemento chino- elimina el impuesto para el cemento importado y propone que el impuesto se cargue solo a la producción "nacional de cemento en bolsa o a granel, de cualquier tipo, para la venta o autoconsumo".
No gravar importación
Como Vásquez propone no gravar el cemento importado, en otra moción busca eliminar el artículo 9 del proyecto que pretendía destinar los fondos recaudados por ese impuesto a favor de los municipios y concejos municipales de distrito.
En las tres mociones propuestas por Vásquez, quedaría excluido del impuesto el cemento que se importa desde China, actividad comercial a la que se dedica el empresario Juan Carlos Bolaños, a quien el Banco de Costa Rica (BCR) le otorgó un crédito de más $20.000.000. En este momento, una comisión especial del Congreso investiga si hubo o no tráfico de influencias así como un supuesto plan del importador para evadir el pago de un millonario crédito y además demandar al banco por supuestos daños comerciales.
Este caso llevó a la entonces presidenta de la Junta Directiva del banco, Paola Mora, a renunciar así como a la suspensión de su cargo al gerente general de la entidad, Mario Barrenechea.