Diputado Ulate defiende su proyecto de rastreo a ciudadanos
Rebate a expertos y a la oposición que acusan intención de comercializar datos sensibles de los costarricenses
(CRHoy.com) El diputado de Liberación Nacional (PLN), Daniel Ulate Valenciano rechazó los cuestionamientos que en esta última semana surgieron alrededor del proyecto de ley, de su autoría, que a criterio de expertos y de otros legisladores quiere abrir el portillo para que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pueda brindarle a instituciones públicas y comercializar con empresas privadas datos personales y muy sensibles de los costarricenses y de cualquier persona en suelo nacional, como lo son informaciones biométricas, es decir, huellas dactilares, información para reconocimiento facial, de la voz, la retina y de ADN.
Después de casi una semana de evitar conversar sobre el proyecto, finalmente el pasado jueves al final de la tarde el legislador accedió a brindarle una entrevista a CRHoy.com en su despacho. Horas antes el mismo jefe de fracción del PLN, Luis Fernando Chacón había manifestado su preocupación por el proyecto de ley, así como diputados de otras fracciones legislativas y la defensora de los habitantes, Catalina Crespo.
Además, paradójicamente la fracción oficialista de Acción Ciudadana (PAC) también criticó la iniciativa de Ulate, aún y cuando esos 10 diputados defienden la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), con la que el gobierno de Carlos Alvarado intentó tener acceso irrestricto a los datos confidenciales y sensibles de los ciudadanos.
Ulate aseguró que su proyecto, ya dictaminado afirmativamente por la Comisión de Gobierno y Administración, se gestó hace un año y medio, cuando él y su despacho se percataron que varias instituciones, entre ellas la Dirección de Migración y Extranjería (DGME), querían invertir en equipos de identificación por medio de datos biométricos. Según dijo Ulate la DGME intentó gastar cerca de ¢5000 millones para adquirir un motor biométrico
Según Ulate, su interés se basó en unificar toda esta información en el Tribunal Supremo de Elecciones y así ahorrarle recursos al Estado, además subrayó cualquier intención de crear una iniciativa paralela a la UPAD.
"No tiene nada que ver con la UPAD, no tiene nada en paralelo. Nació así, en la búsqueda de disminuir costos en la compra de estas tecnologías y que sea el TSE, una institución que goza de mucha confianza que desarrolle estas tecnologías", comentó Ulate.
l proyecto de Ulate autoriza al TSE a crear, como reserva de Estado, una plataforma nacional de identificación biométrica. Según defiende, esto permitirá al Ministerio de Seguridad Pública, al Organismo de Investigación Judicial y a la Fiscalía "ser más eficientes" en sus investigaciones policiales para el rastreo de personas involucradas en hechos delictivos.
Sin embargo esa tesis de Ulate, para la vista de expertos en protección de datos y ciberseguridad como los abogados Mauricio París y Adalid Medrano, es un arma de doble filo.
Ambos expertos aseguran que el TSE tendría la posibilidad de comercializar los datos de esta reserva biométrica con cualquier instancia pública o empresa privada, algo que Ulate descarta (ver nota abajo).
"Es una medida para que el Estado economice y que la herramienta sirva para los cuerpos policiales. La gente puede tener toda la tranquilidad, porque el TSE no comercializa datos, solo da un servicio de verificación de datos, previa autorización del ciudadano" defendió Ulate.
El proyecto de Ulate , a criterio de los expertos se presenta en momentos en los que es claro que el país no tiene una ley robusta para la protección de los datos personales, confidenciales y sensibles de los ciudadanos.
El abogado Mauricio París explicó que esta tecnología e información que se quiere comercializar favorece cuestiones de videovigilancia, rastreo y seguimiento por medio de cámaras en carreteras que si podrían generar provechos a las investigaciones policiales , pero advirtió que existe el riesgo de usos criminales, pues abre el portillo para la fabricación de "dedos falsos" por medio de huellas dactilares con impresión 3D que se usan para suplantación de identidades.
París dijo que tal y como el proyecto está planteado y tomando en cuenta las carencias de la legislación actual para el resguardo y buen uso de estos datos, sería muy riesgoso aprobar el proyecto.
"Genera mucha preocupación, seríamos el único país del mundo donde el propio Estado está comercializando datos biométricos de toda la población incluyendo menores de edad y de los turistas. Es decir, se permite el seguimiento y básicamente estaríamos en un escenario donde desaparece completamente la posibilidad del anonimato en sitios públicos y privados", advirtió París.
En ese mismo sentido de preocupación coincidió Adalid Medrano, abogado especialista en delitos informáticos y ciberseguridad.
"Es un proyecto de ley peligroso que viene a intentar regular una materia sensible, sin garantizarle al ciudadano un marco de protección robusto con respecto al tratamiento de sus datos biométricos, dándole la prioridad a la tecnología y a la seguridad ciudadana sobre el respeto al derecho de autodeterminación informativa", opinó el experto.