Diputado denuncia represalias contra funcionarios opuestos a cambios en obras del Oduber

Maquinaria de constructora MECO en el desarrollo de las obras en Liberia. Cortesía MECO

Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio (FA), advirtió que ingenieros y personal técnico de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica (UIA) de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) estarían sufriendo represalias por negarse a firmar una ingeniería de valor sobre los trabajos de rehabilitación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ), en Liberia de Guanacaste.

El legislador frenteamplista señaló este 16 de setiembre ante el plenario legislativo que la ingeniería de valor reduciría el alcance y el costo de las obras contratadas para intervenir la infraestructura. Sin embargo, el personal de la UIA no estaría de acuerdo en firmar los ajustes.

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) adjudicó el proyecto a Constructora MECO por $40 millones. El contrato se firmó el 7 de febrero de 2024 y la orden de inicio para los trabajos se giró el 16 de marzo. Según el cronograma inicial, las tareas debían estar concluidas al cierre de setiembre.

La licitación se promovió como un procedimiento por excepción en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). A mediados de 2023, Rodrigo Chaves, presidente de la República, y Natalia Díaz Quintana, entonces ministra de la Presidencia, firmaron un decreto ejecutivo para incluir la pista entre la infraestructura dañada tras el paso de la tormenta tropical Bonnie (ocurrida 1 año antes, en julio de 2022).

Los ingenieros de la UIA advirtieron, a través de un oficio remitido a inicios de agosto de 2023, que el paso de Bonnie no dejó daños en la pista del AIDOQ, que no existía sustento técnico para acreditar la afectación a ese fenómeno climático y que no era correcto intervenir la pista a través de un decreto de emergencia.

El diario La Nación informó el 21 de agosto que los análisis iniciales hechos por MECO, al asumir el proyecto, dieron cuenta de que parte del trabajo encomendado por las autoridades no era necesario (perforación de 60 centímetros para rehabilitar la lista) y que se podía readecuar el alcance de la obra mediante una ingeniería de valor. Incluso, con los cambios, el costo de los trabajos se podría reducir en $5.5 millones.

La mejora de la pista del AIDOQ es necesaria tras la advertencia de aerolíneas que viajan a Norteamérica o Europa. Las compañías aéreas alertaron sobre la eventual suspensión de vuelos si el deterioro de la infraestructura persistía en el tiempo. Una preocupación similar lanzó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por las siglas en inglés), la cual agrupa a las principales aerolíneas del planeta.

El diputado Ortega denunció este lunes que los ingenieros de la UIA no están de acuerdo con el ajuste, pues consideran que sería necesario una intervención más profunda y que, de lo contrario, en un corto plazo se requerirían nuevas mejoras.

Según dijo, esta situación habría generado represalias contra los funcionarios. Sin la firma de los ingenieros y técnicos de la UIA, la ingeniería de valor no quedaría avalada y no podría ser remitida a la CNE para el ajuste en el proyecto.

"Abrieron una investigación contra los funcionarios que están advirtiendo lo que está ocurriendo en esa pista. Para peores, las obras no estarán listas antes del 30 de setiembre. Ahora, los jerarcas dicen que es culpa de los mandos medios (…) Los mandos medios son los que tienen la culpa", reprochó el legislador, quien recalcó que esto refuerza la postura de que el gobierno forzó el decreto de emergencia para rehabilitar la pista.

Los trabajos de rehabilitación contratados incluían la rehabilitación de la pista en la estructura de pavimento, con la colocación de 27 cm de mezcla asfáltica en caliente con polímeros. Asimismo, la intervención en 30 cm de base granular y la instalación de geosintéticos para estabilización mecánica y refuerzo de la estructura de rodamiento.

Antonio Ortega, diputado del FA. Archivo CRH/FA

Gestión polémica

La licitación en este proyecto motivó el cese de Luis Amador, exministro de Obras Públicas y Transportes, y de Fernando Naranjo, exdirector de la DGAC, como jerarcas el 12 de marzo.

Según el presidente Chaves, ambos habrían sido omisos al no percatarse de que las especificaciones técnicas del cartel para la obra habrían sido un supuesto "traje a la medida" para beneficiar a la empresa que resultó adjudicada y los destituyó alegando una "responsabilidad política" por eso.

Según el presidente, ambos exfuncionarios deben asumir la "responsabilidad política" por no fiscalizar que el cartel presuntamente estaba "hecho a la medida" en detrimento de las otras 2 compañías participantes: el Consorcio Pedregal y H.Solís. Sin embargo, Amador y Naranjo refutaron esa versión y puntualizaron que ninguno de los oferentes objetó el cartel licitatorio impulsado con los requisitos estipulados por la DGAC.

Alejandro Picado, presidente ejecutivo de la CNE, dijo el 18 de marzo que nunca tuvo conocimiento del informe de la UIA elaborado en agosto de 2023 y que "se pudo haber quedado a lo interno de la DGAC".

Picado y Naranjo, de manera individual, insistieron que el proceso de licitación se apegó a derecho y que la promulgación del decreto, coordinada desde Casa Presidencial, sí sustentaba el nexo del deterioro en la pista con el impacto de Bonnie.

El exdirector de la DGAC enfatizó en que la última palabra sobre el nexo causal siempre la tuvo la CNE. Es decir, si ese ente estimaba que la contratación por emergencia no era el camino, pues no lo iba a ser.

Por eso, tras conocer inspecciones técnicas al AIDOQ entre equipos de la CNE y la DGAC, previo al 7 de agosto, Naranjo consideró que el trámite para atender la contratación era el adecuado en este tipo de casos.

Posterior a ser despedido, el exministro Amador insistió en que la CNE fue la que lideró todo el proceso de contratación a través del Sicop. No ha dicho si remitió, o no, el oficio de la UIA a la CNE.

En el informe, la UIA recalcó que la DGAC y el MOPT tomaron como base un documento elaborado por la UIA sobre las condiciones de la pista del AIDOQ y lo modificaron de manera unilateral para incluir conclusiones asociadas a Bonnie.