Diputado aboga por plan que suprime beneficios a sospechosos
El diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos Cruz, abogó por el impulso desde la Asamblea Legislativa del proyecto de ley 23.714, el cual busca eliminar los beneficios carcelarios para los sospechosos de estar ligados a la narco actividad.
El proyecto propone que a la declaratoria de narcoactividad otorgar "una prisión preventiva por un plazo de un año, no revisable antes de ese plazo, excepto por circunstancias excepcionales".
Además, duplica los plazos para efectos de la investigación, celebración de audiencias, plazos para deliberación y dictado de la sentencia, así como los plazos para recurrir; e impide la aplicación de medidas alternas del procedimiento penal así como cualquier tipo de reducción de la pena (exceptuando casos de testigo de la corona).
Campos Cruz, miembro de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico y proponente de la iniciativa, dijo que de ley permitiría a los Tribunales contar con una herramienta adicional para juzgar más rápido a los narcotraficantes y sin que le cueste un colón más al Poder Judicial.
"Este proyecto no trata sobre sanciones penales, sino sobre el proceso penal y no implica la creación de una nueva jurisdicción del Poder Judicial. Con los mismos recursos existentes se aplica hoy. En este momento, se sorprende a una persona en altamar conduciendo una lancha como varias toneladas de cocaína, la pregunta del millón es si necesitamos más pruebas para condenar por narcotráfico a esta persona. El proyecto viene a solventar esa discusión y complementa el procedimiento de flagrancia para llevar los casos a juicio pronto", dijo el legislador.
Esta semana el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica (UCR), Luis Alonso Salazar, recomendó a los diputados avanzar con la discusión del proyecto.
"Se pretende dar un tratamiento diferenciado a una conducta criminal que está causando un estrago social en la perspectiva social en muchos ámbitos. El proyecto es de orden procedimental y busca un procedimiento especial para hacer efectiva la legislación de fondo que está vigente en el combate a la narco actividad", explicó el experto.
Salazar dijo que el texto del proyecto requiere de ajustes en temas de redacción, pero aseguró que por el fondo es una propuesta "beneficiosa" porque no implica un cambio en la legislación de fondo y que no requiere de costos extras en la administración de justicia.
"No se requieren de nuevos fiscales ni nuevas salas de juicios. Se puede aplicar con la legislación actual y los mismos recursos", añadió el catedrático.