Diputadas presionan a Laura Fernández: piden no blindar a Fabricio Alvarado con un cargo
Las diputadas salientes Montserrat Ruiz (PLN), Rocío Alfaro (Frente Amplio) y Johana Obando (independiente) lanzaron un llamado directo a la presidenta electa, Laura Fernández, para que no designe en ningún cargo público en su nueva administración al legislador y excandidato presidencial de Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz, una vez concluya su periodo el próximo 1 de mayo.
El planteamiento busca que, tras dejar su curul, el congresista no acceda a un puesto en el Poder Ejecutivo que le otorgue inmunidad y, de esa forma, pueda enfrentar por la vía judicial ordinaria las acusaciones en su contra por presunto abuso sexual.
"Ella —Laura Fernández— debería reconsiderar nombrar a Alvarado en un puesto, porque se estaría usando su gobierno como una mampara para cuidarle la impunidad a una cantidad de delincuentes, entre ellos un delincuente sexual como es Fabricio Alvarado", afirmó Alfaro.
El pronunciamiento se da en un contexto de alta tensión política, luego de que este lunes fracasara la sesión del plenario legislativo en la que se pretendía discutir los informes que recomiendan sancionar al diputado por un aparente caso de abuso sexual en contra de la exdiputada Marulin Azofeifa, debido a la falta de quórum.
La ausencia de al menos 23 legisladores impidió alcanzar los 38 necesarios, lo que obligó a suspender el debate y postergar una decisión clave.
En esa misma línea, las legisladoras reprocharon que la bancada oficialista no asistiera a la sesión, contribuyendo a romper el quórum, pese a que en enero, de cara a las elecciones nacionales, la propia Laura Fernández había acusado públicamente a Alvarado por un aparente caso de abuso sexual.
En este contexto, las legisladoras insistieron en que permitir que Alvarado asuma un cargo con fuero podría entorpecer el avance de los procesos judiciales, en un caso que ha generado presión pública y reclamos de rendición de cuentas.
Por ello, subrayaron que el principio de igualdad ante la ley debe prevalecer y que el diputado debería enfrentar las investigaciones sin privilegios ni mecanismos de protección asociados a un eventual nombramiento en el Ejecutivo.
A ese escenario se suma la advertencia previa de la defensa de la exdiputada Azofeifa —quien presentó la acusación— sobre eventuales acciones legales contra diputados que, con su ausencia, obstaculicen la votación. Según señalaron, podrían acudir a la vía contencioso-administrativa para exigir responsabilidad personal por conductas omisivas