Diputada oficialista busca prohibir propaganda política en centros educativos
La diputada oficialista Nayuribe Guadamuz presentó un proyecto de ley para prohibir la propaganda político-partidaria en los centros educativos públicos y privados.
La iniciativa propone agregar un párrafo al Código Electoral para establecer que está prohibida toda forma de propaganda político-partidaria en centros educativos, así como las actividades dirigidas al estudiantado con el propósito de "promover, favorecer, desalentar o captar la adhesión a partidos políticos, candidaturas o precandidaturas de elección popular".
El proyecto aclara que la prohibición no impedirá actividades académicas de análisis político, debate o pensamiento crítico, ni aquellas actividades político-electorales que estén legítimamente autorizadas por el ordenamiento jurídico.
Entre los argumentos, Guadamuz señala que el estudiantado debe formar su propio criterio a partir de sus convicciones. Esto, según la propuesta, no impide informar sobre el funcionamiento de las instituciones ni promover debates, pero sí diferencia esas actividades de aquellas dirigidas a la "captación política".
La iniciativa también cita jurisprudencia y normativa vigente que ya restringen la propaganda política en instituciones de enseñanza, entre ellas la Ley Fundamental de Educación. El proyecto también lleva la firma de la diputada Anna Katharina Müller.
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La propuesta surge después de que el Ministerio de Educación Pública (MEP) emitiera una circular de acatamiento obligatorio que establece límites para el abordaje de temas políticos por parte de docentes en los centros educativos. La directriz prohíbe utilizar recursos institucionales, aulas, evaluaciones y actos cívicos para realizar propaganda política.
El proyecto también se presenta en medio de las visitas de exdiputados a centros educativos, entre ellos Ariel Robles, Antonio Ortega y Luz Mary Alpízar.
Sin embargo, meses atrás, el MEP no emitió una directriz específica tras un episodio ocurrido durante la campaña electoral de 2025, cuando un joven, militante del Partido Pueblo Soberano, ingresó al Colegio de Cedros y dio un discurso haciéndose pasar por funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).