Diputada de Gobierno rompe línea y evita recorte de ₡8.048 millones al FEES
El plan del Gobierno de recortar ₡8.048 millones al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el próximo año sufrió un revés este lunes en la Asamblea Legislativa.
La propuesta, impulsada por el jefe de la bancada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, fue rechazada por seis de los 11 diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios, órgano del Congreso que discute y vota 137 mociones al proyecto de ley de presupuesto nacional para 2027, cuyo monto asciende a ₡12,4 billones.
Votaron en contra los tres legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), los dos del Frente Amplio (FA), y la congresista Kattia Ulate, del PPSO, quien rompió la línea del partido. Fue apoyada por los otros cinco miembros del PPSO en ese foro legislativo.
La iniciativa de Acosta pretendía rebajar esos ₡8.048 millones del FEES, correspondientes a los llamados fondos postergados, según un acuerdo de la Comisión de Enlace, integrada por representantes del Gobierno y de las universidades estatales.
Esos fondos corresponden a recursos del FEES que el Estado costarricense dejó de girar en años anteriores y cuya transferencia posterior fue pactada.
La intención era trasladarlos al Ministerio de Educación Pública (MEP) para cubrir la contribución patronal a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).
Según argumentó el diputado Gerald Bogantes, del PPSO, esos recursos no le pertenecen al FEES y deben utilizarse para honrar las obligaciones con Jupema.
Su compañera de bancada Grethel Ávila hizo manifestaciones similares y enfatizó que el Estado mantiene una deuda histórica con Jupema.
"El Gobierno se ha puesto el objetivo de honrar esa deuda que involucra a muchos educadores. Son recursos destinados a las pensiones de quienes han dedicado su vida a formar jóvenes", expresó.
Sin embargo, la diputada Diana Murillo, del PLN, aseguró que el recorte aplicado por el Ministerio de Hacienda a las universidades estatales implicaba un riesgo de cierre técnico de sedes universitarias en las zonas rurales.
"Se ven amenazadas con una moción de gran impacto que podría afectar la operación de estos centros académicos", manifestó. Sostuvo que la medida afectaría los programas de becas, los comedores estudiantiles, las residencias y otros apoyos para los estudiantes.
"Desde el Gobierno y las bancadas afines se ha argumentado que el país enfrenta restricciones presupuestarias, pero hemos visto cómo se incumplen acuerdos de la Comisión de Enlace", agregó.
Por su parte, el legislador Antonio Trejos señaló que el Gobierno debe pagar tanto al FEES como a Jupema, sin sacrificar al primero, y afirmó que la propuesta es inconstitucional.
"Están poniendo en riesgo a los jóvenes que reciben los servicios de la educación y a las familias productoras", añadió.
Las cinco universidades públicas convocaron a una marcha nacional para este martes en rechazo a los recortes presupuestarios propuestos para la educación superior.
La manifestación se llevará a cabo a partir de las 9:00 a. m. en distintos puntos del país.
La Comisión de Asuntos Hacendarios tiene plazo hasta este martes para dictaminar el proyecto de ley de presupuesto, que posteriormente será remitido al plenario legislativo para su discusión y votación en dos debates reglamentarios, a más tardar el 30 de noviembre.