Falta de dinero, de personal y crimen organizado: los grandes retos de la Fiscalía
La falta de dinero, la escasez de personal y el avance del crimen organizado son los principales retos del Ministerio Público, según el informe de labores que el fiscal general, Carlo Díaz, presentó ante los magistrados.
En 2024 y 2025, la institución no tuvo dinero suficiente para pagar remuneraciones, por lo que suspendió las sustituciones de personal. Para 2026, limitó de forma preventiva las sustituciones por vacaciones a un máximo de 10 días hábiles por funcionario.
Díaz explicó que esta situación dificulta que la proyección presupuestaria para 2028 se ajuste a las necesidades reales de la Fiscalía.
A ello se suman 53 plazas aprobadas por la Asamblea Legislativa, pendientes desde 2025, que no se han podido habilitar porque el Ministerio de Hacienda no ha girado las transferencias necesarias.
Un nuevo recorte comprometería gravemente la operación del Ministerio Público. Afectaría el soporte informático, el pago de peritajes y traducciones, el mantenimiento de despachos, el alquiler de edificios para las fiscalías territoriales y la disponibilidad de personal fiscal y de apoyo. Como consecuencia, aumentarían los tiempos de respuesta y la mora judicial.
La falta de recursos también frena proyectos tecnológicos prioritarios. La institución necesita superar la fragmentación de la información con un sistema unificado que integre datos confiables. Además, requiere contratar especialistas en informática y estadística, e implementar herramientas de inteligencia artificial para el análisis de datos y el apoyo a la gestión.
El crimen organizado es el otro gran frente. Si es reelegido, Díaz deberá enfrentar durante los próximos cuatro años estructuras criminales y transnacionales cada vez más complejas, ligadas al narcotráfico, la ciberdelincuencia, la legitimación de capitales, la trata de personas, la corrupción y la delincuencia económica. Estas organizaciones cuentan con abundantes recursos financieros y tecnológicos.
El informe advierte, además, de una amenaza latente: la infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad pública y en el sistema judicial. Por eso, plantea mantener y reforzar controles preventivos, como las evaluaciones del Área de Valoración Psico-Socio-Laboral (AVAL).
Controlar el volumen de causas pendientes, tanto del rezago activo como del pasivo, es otro desafío. También lo es reducir la carga de trabajo de los fiscales auxiliares, que en algunos años ha llegado a promediar hasta 766 casos por cada uno.
Esa presión, sumada a la falta de recursos, pone en riesgo la salud integral del personal. Ante consultas de la magistrada Damaris Vargas, Díaz señaló que la escasez de recursos ha impedido avanzar más en la reducción del rezago.