Díaz recurre a Sala IV para desbloquear fondos del OIJ y Fiscalía congelados por Hacienda
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, acudió a la Sala Constitucional para tratar de revertir la decisión del Ministerio de Hacienda, que mantiene congelados ₡8.680 millones necesarios para fortalecer al (OIJ y al Ministerio Público en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la violencia de género.
Se trata de recursos incorporados al Presupuesto Ordinario de 2026, que estaban destinados a la creación de 176 plazas en el OIJ y 99 en la Fiscalía. Tanto los exministros de Hacienda Nogui Acosta y Rudolf Lücke, como el entonces presidente y hoy ministro Rodrigo Chaves se negaron a transferir esos fondos para las contrataciones.
Ante este panorama y consciente de que la falta de recursos afecta a las víctimas en condición de vulnerabilidad, Díaz presentó un recurso de amparo con el que pretende que los magistrados analicen a profundidad el caso y ordenen la transferencia del dinero.
"Presenté un recurso de amparo por considerar que se violaron derechos fundamentales en materia de Hacienda Pública: principio de unidad presupuestaria, principio de separación de poderes, especialidad y legalidad presupuestaria.
Con esta negativa se afecta el buen funcionamiento de los servicios públicos y se discrimina en la ejecución presupuestaria. Esta omisión del Poder Ejecutivo limita nuestra capacidad de actuación del Ministerio Público y del OIJ, lo cual favorece a la delincuencia", detalló el fiscal a CR Hoy.
Estos recursos fueron aprobados por la Asamblea Legislativa y asignados al Ministerio Público y al OIJ para sumar personal, especialmente investigadores y fiscales destinados al combate de la criminalidad organizada, violencia de género y corrupción. Sin embargo, continúan sin ser desembolsados.
Tanto la administración de Rodrigo Chaves como la de Laura Fernández mantienen bloqueados los recursos, al alegar que fueron rebajados de las partidas presupuestadas para el pago de intereses de la deuda pública y, por esa razón, no fueron programados para su giro.
Las autoridades judiciales han advertido que este congelamiento tiene un impacto severo sobre la capacidad de persecución penal. El presidente de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general han señalado que la falta de esos recursos incrementa el riesgo de prescripción de causas y agrava los retrasos en la atención de los casos, en medio de la crisis de homicidios y crimen organizado.
El conflicto se ha visto agravado por la posterior solicitud del Gobierno a la Asamblea Legislativa de aprobar un nuevo recorte presupuestario general de ₡27.000 millones para el Poder Judicial.
