Desordenado programa para generar empleo deja en deuda al Gobierno
EMPEZARON A TRABAJAR SIN TENER CLARO CÓMO IBAN A SOSTENER ECONÓMICAMENTE EL PROGRAMA

Ministerio de Trabajo debe a los empresarios e incumple su promesa de incorporar 10 mil personas a la fuerza laboral (Daniela Abarca | CRH).
Con bombos y platillos, el Gobierno anunció en abril de 2015 el programa "Mi Primer Empleo", un programa estrella del Ministerio de Trabajo cuyo objetivo era incorporar a 10 mil personas por año a la fuerza laboral.
Sin embargo, hoy esta iniciativa tiene al Gobierno endeudado y con una meta lejos -muy lejos- de alcanzar.
Hasta hoy, el Gobierno adeuda a los microempresarios ¢700 millones, que deberían estar depositados desde meses atrás.
Además, en lugar de incorporar a 10 mil personas a la fuerza laboral por año, solo lograron colocar a 1.024 en año y 5 meses.
¿Cómo funciona?

Las empresas que contrataran a jóvenes, mujeres o personas con discapacidad bajo este programa recibirían un incentivo de ¢1.456.000. La mitad del pago se haría a los 6 meses de que las personas empezara a trabajar y el resto al cumplir el año. Así se pretendía a ayudar a los grupos más golpeados por el desempleo.
Pero hasta la fecha, 167 empresas se han unido a "Mi Primer Empleo" y dieron trabajo a 1.024 personas y solo a 111 de esas compañías se les ha pagado lo correspondiente. Con las demás 56 están en deuda por distintas razones.
Los "inconvenientes presupuestarios" que han encontrado en el camino son algunos de estos motivos, según dijo Alfredo Hasbun en el programa Nuestra Voz.
Ambición y poca planificación
Para el diputado oficialista Javier Cambronero "hay que reconocer la falta de tacto a la hora de lanzar el programa" pues "la meta se está quedando corta".
Además, "Mi primer empleo" empezó a funcionar en octubre del 2015, 5 meses antes de que la Contraloría General de la República (CGR) pusiera un obstáculo al Ministerio de Trabajo para obtener los fondos que sostendrían el programa.
Víctor Morales, entonces ministro de Trabajo, propuso que parte del financiamiento de "Mi primer empleo" viniera del 6% del superávit de las instituciones públicas. Con esta idea lanzó el programa, pero luego la CGR le puso freno.
"No hay fundamento normativo para establecer la obligación de un aporte en tal porcentaje, por lo que la redacción de la cláusula se entiende inaplicable mientras no exista una norma jurídica", dice el informe del ente contralor.
A pesar del desorden, la deuda y lo poco que logró el Gobierno en comparación con su promesa, el programa "Mi primer empleo" sigue en pie, mientras busca su rumbo.
"Eso lo tenemos que pagar con recursos propios. El año pasado tuvimos que empezar a buscar este dinero y poder generar estos pagos", dijo a este medio Juan Alfaro, viceministro encargado de dicho programa.
Hasta ahora se ha mantenido con fondos propios y la ayuda del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), entre otras.
"La buena intención con la que se lanza el programa careció, en esta primera etapa, del debido análisis técnico jurídico (…) No podemos jugar con las ilusiones y deseos de empleadores y empleados y hacerles una falsa expectativa", añadió Cambronero.
Se quedó en buenas intenciones
Además de la falta de planificación y el análisis previo, las buenas intenciones son claras.
Mujeres, jóvenes y personas con discapacidad son los grupos más golpeados por el desempleo. En el caso de las mujeres y los jóvenes la tasa ha crecido considerablemente.
