Desatención en infraestructura obliga a MEP a cancelar ₡200 millones mensuales en alquiler de edificios
Monto anual por alquileres supera los ₡2 mil millones
(CRHoy.com). – Antes de que la pandemia del COVID-19 azotara el país, un importante número de estudiantes asistían a clases en bodegas, salones comunales, locales comerciales, iglesias y hasta una universidad.
Esto debido -principalmente- a que el pésimo estado en infraestructura educativa y la acumulación de órdenes sanitarias de sus centros educativos los obligó a salir de esos lugares, muchas veces considerados "ruinosos, peligrosos e insalubres".
Esta situación obliga al Ministerio de Educación Pública (MEP) a pagar un total mensual de ₡199.309.944 por el arrendamiento de 43 espacios físicos que funcionan como infraestructura complementaria. Para un monto anual estimado de unos ₡2.358.339.969.
De acuerdo con el Viceministerio Administrativo del MEP, de estos 43 alquileres, 3 fueron motivados por órdenes sanitarias por eventos fortuitos, 14 por órdenes sanitarias por "diversos motivos", 3 por proceso de construcción, 22 sin infraestructura propia y 1 por capacidad locativa.
"El MEP tiene presupuestado para girar a las Juntas de Educación y Administrativa a fin de atender alquileres correspondientes a la vigencia de contratos para el año 2020 un monto mensual aproximado ₡199.309.944,79 (monto más alto), dicho monto varía según el plazo ya que los contratos se suscriben en diferentes momentos del año", indicó Steven González, viceministro Administrativo.
A la fecha, el MEP contabiliza 722 órdenes sanitarias acumuladas y que están pendientes de ejecución.
5 alquileres más caros
En junio del 2017, la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) acordó el traslado del Colegio Técnico Profesional de Calle Blancos a las instalaciones de la Universidad Católica en Moravia. Este traslado representa el alquiler más caro para el MEP, ya que por este espacio se desembolsan mensualmente ₡37 millones.
El colegio contaba con órdenes sanitarias y un fallo de la Sala Constitucional que solicitaba su inmediata intervención. El MEP desoyó estas advertencias, por lo que el Ministerio de Salud decidió clausurar el inmueble a inicios de junio del año anterior, tras asegurar que existía un peligro inminente de corto circuito, descarga o explosión.
A la fecha, los planes para contar con un nuevo y propio centro educativo están en trámites iniciales y fase de diseño.
La segunda posición la ocupa el alquiler de una bodega a la que fueron trasladados los estudiantes de la escuela Carlos Sanabria Mora en Pavas, luego de varios años de estar lidiando con una infraestructura en pésimas condiciones.
Por el alquiler de esta bodega, que alberga a 1800 estudiantes desde preescolar hasta educación nocturna, el MEP paga cada mes ₡22 millones.
El reporte de la DIE indica que, en cuanto a la construcción de una nueva escuela, este proceso está en trámite de contratación de la obra.
El tercer puesto lo ocupa el alquiler de la escuela Bernardo Gutiérrez en Sardinal de Guanacaste. Por este alquiler se pagan casi ₡22 millones cada mes. Para la construcción de este nuevo centro educativo, la comunidad aún deberá esperar, ya que de momento se está haciendo la solicitud de financiamiento ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El Centro de Educación Especial de Atención Integral Goicochea y la escuela Ascensión Esquivel Ibarra en Santa Ana, cancelan alquileres cercanos a los ₡13 millones. Ambas obras están en trámite de compra de terreno.
Los restantes espacios físicos se arriendan por montos que varían entre los ₡11 millones y menos del millón de colones.
Arrendamiento de centros educativos 2020, MEP.
Alquileres en tiempo de pandemia
El 16 de marzo, el Ministerio de Educación Pública ordenó la suspensión de las clases presenciales en todos los centros educativos del país, desde ese momento las aulas y pasillos de escuelas y colegios dejaron de recibir estudiantes.
A pesar de que los centros educativos llevan casi 5 meses cerrados, el MEP está en la obligación -por contrato- de seguir cancelando los alquileres de estos 43 inmuebles.
Según explicó el Viceministerio Administrativo, cada Junta de Educación y Administrativa, para justificar los recursos para el pago de arrendamientos suscribe contratos al amparo de las disposiciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, que por su naturaleza son los vínculos jurídicos que tutelan las relaciones entre los arrendantes y los arrendatarios.
"Cada contrato conforme lo dicta la supra citada Ley, establece las cláusulas correspondientes al monto, condiciones de instalaciones, plazo, obligaciones, y demás compromisos. Por consiguiente, al ser el contrato de arrendamiento "ley entre las partes" el arrendante está en derecho de exigir el pago convenido y el arrendatario a cumplir con el monto fijado en la fecha establecida", aseguró el viceministro.
Por lo tanto, los contratos de alquiler suscritos por las Juntas de Educación y Administrativas deben ser responsablemente pagados mes a mes y no están habilitados para desatender dichas obligaciones, pese a que los centros educativos estén vacíos.
