Este es el caso por el que están allanando hoy las oficinas de Diario Extra
Investigación se relaciona con "aparente conflicto económico familiar"
(CRHoy.com) Una investigación por presunta administración fraudulenta motivó el allanamiento al Grupo Extra, dirigido la mañana de este miércoles por la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen.
La pesquisa se relaciona con un "aparente conflicto económico familiar", que derivó en una denuncia penal presentada en 2021, indicó la oficina de prensa del Ministerio Público ante una consulta de CRHoy.com.
El departamento de comunicaciones señaló que no ahondará en detalles sobre el caso, ya que permanece en la etapa de recolección y análisis de indicios, en apego del artículo 295 del Código Procesal Penal.
A la causa se le asignó el número de referencia 21-000407-1220-PE.
La Sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que colabora con las diligencias y que estas se llevan a cabo en las oficinas del conglomerado de medios de comunicación -que incluye el Diario Extra y el canal Extra TV 42– así como dos viviendas en Alajuela.
No obstante, el artículo 222 del Código Penal define la administración fraudulenta como la alteración de precios o condiciones de contratos, la suposición de operaciones o gastos exagerados, el ocultamiento o la retención de valores o su uso abusivo e indebido por parte del encargado del cuido de bienes ajenos y en perjuicio de su titular. Como castigo, se la norma fija entre 2 meses y 10 años de cárcel, según el monto defraudado.
El 22 de febrero pasado, el Juzgado Concursal del I Circuito Judicial de San José ordenó a la Sociedad Periodística Extra Limitada debía pagar $6 millones a la accionista Dunia Ugalde Cordero, para evitar el inicio de un proceso de quiebra de la compalía, según lo dio a conocer el diario La Nación el 1° de marzo pasado.
La mujer fundamentó la gestión en una falta de pago de un contrato de compra venta de cuotas firmado el 21 de abril de 2004, ya que desde el 1° de abril de 2020 -supuestamente- la empresa dejó de cancelar las obligaciones mensuales de $50.000.
En el escrito -según el rotativo- se indicó que a ese momento el saldo pendiente de pagar era de $5,4 millones, sin considerar los intereses.
Pero este 17 de mayo, el Diario Extra reveló que -un día antes- el mismo órgano jurisdiccional rechazó la petición de la accionista y ordenó su archivo.