Defensoría exhorta a atender rezagos señalados por Estado de la Nación
La defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert, exhortó a los Poderes de la República y a todos los sectores de la sociedad civil a atender, cada uno desde sus distintas responsabilidades, los rezagos por los que atraviesa el país y que fueron señalados esta semana por la edición del 2023 del Informe del Estado de la Nación.
Cruickshank dijo que el más reciente informe y los de los últimos 8 años anteriores revelan que el país presenta "un progresivo abandono del contrato social costarricense" para el bienestar de todos los ciudadanos y que, a pesar de las advertencias, no se tomaron acciones.
Añadió que ante las nuevas advertencias que realiza el informe, las autoridades del país están llamados a hacer un viraje en su la gestión política.
"El país está sumido en lo inmediato, en lo coyuntural y en los tonos grisáceos de la vida nacional. Podría plantearse que Costa Rica presenta múltiples padecimientos que no fueron atendidos, se tornaron crónicos y se agravaron con el paso del tiempo", dijo la jerarca.
Uno de los aspectos sobre los que más llamó la atención la defensora sobre este informe fue el señalamiento de que las medidas de austeridad y contención del gasto está afectando la inversión social para los sectores más vulnerables. En este sentido la investigación de este año arrojó que la inversión social pública (ISP) del país sufrió en los últimos 3 años "una volatilidad significativa y una disminución en su prioridad dentro del gasto público total".
Según cifras dadas a conocer como parte del informe, la ISP sufrió una contracción en 2020, tuvo una recuperación parcial en 2021 y experimentó otra disminución en 2022.
En 2022 la ISP real por habitante fue de ¢293 mil, un monto menor al registrado en 2019, cuando se invirtió ¢297 mil.
La investigación explica que en términos reales actualmente la ISP solo es un 20% superior a la de hace 42 años, pues en 1980 el país invertía ¢244 mil colones por persona.
En lo que tiene que ver con la prioridad dentro del gasto del Gobierno Central, los datos evidencian que otros componentes del gasto público han tomado más importancia para el Poder Ejecutivo, como lo es el pago por el servicio de la deuda que crece aceleradamente, mientras la ISP cayó seis puntos porcentuales entre el 2019 y el 2022.
La investigación explica que la contención del gasto público en los últimos años ha erosionado el financiamiento de los tres componentes vitales de la política social: la educación, la protección social y la salud. Entre 2021 y 2022, la ISP cayó un 4,6% por persona en educación, un 3,6% en protección social (pensiones y programas selectivos) y un 2% en salud.
