Defensoría: Emergencia por agua pone en riesgo salud y paz del país

Edificio central del AyA. Imagen con fines ilustrativos/Archivo CRH

Para la Defensoría de los Habitantes, a pesar de la medida de no cobrarle a las personas afectadas por la contaminación del agua con hidrocarburo en los cantones de Goicoechea, Montes de Oca, Moravia, Guadalupe, Tibás y San José, la preocupación continúa.

Desde los primeros reportes sobre el olor y sabor a gasolina en el agua, las autoridades superiores de las instituciones involucradas minimizaron, de forma notoria, la gravedad de la emergencia, según el órgano defensor.

"Las respuestas de las instituciones responsables de la provisión y verificación de calidad del servicio de agua para consumo humano no fueron oportunas para la atención de las necesidades inmediatas de las poblaciones afectadas", indica un comunicado de prensa.

Explicaron que en el manejo de la emergencia han existido constantes errores y falencias por parte de las instituciones involucradas. Esta institución ha identificado en las comunidades que los habitantes carecen de información completa y certera sobre los horarios establecidos para la distribución del agua.

También, el acceso a esta agua no ha sido igualitario por las limitaciones de trasporte que tienen algunas personas para trasladarse, por la no disponibilidad de envases y la falta de redes de apoyo familiares y/o comunitarias para tener acceso.

Para la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, las instituciones deben asegurar a la población que se tomarán las medidas y se sentarán las responsabilidades que correspondan, para que no se vuelva a poner en riesgo la salud de la población y la paz social del país.

Por esto, hizo un llamado al AyA para que cumpla con los horarios establecidos y anunciados recientemente sobre el racionamiento de agua, y que explique a la población, con claridad y sencillez, cuando tenga dificultad de cumplir con dichos horarios.

De acuerdo con Cruickshank, esta situación está impactando a miles de hogares, comercios, centros de salud, hogares de ancianos, poblaciones vulnerables e incluso podría estar afectando la operación de los centros educativos donde se ofrece el servicio de comedor estudiantil.

En el caso de los estudiantes, solicitó a la Dirección Regional San José Norte y San José Central del Ministerio de Educación Pública (MEP), brindar un informe que indique si se ha visto afectada la población estudiantil que se beneficia con los comedores escolares.

De igual manera, se solicitaron si reportes de estudiantes o funcionarios que presenten problemas de salud debido al agua contaminada, indicar cómo se está preparando las comidas y cómo realizan el lavado las manos.

Ante esta situación y las suspensiones en otros sectores que apoyan la emergencia, la Defensoría habilitó una línea telefónica donde las personas podrán reportar anomalías, el número es 4000-8500.