Defensoras públicas con hasta 12 años de trayectoria representarán a Bolaños en cementazo

(CRHoy.com) Dos defensoras públicas con hasta 12 años de experiencia tendrán a su cargo la representación legal del empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, principal imputado en el escándalo de presunta corrupción del cemento chino, uno de los más importantes en la historia del país.

Se trata de las abogadas Axa Carballo Barquero y Karol Chaves Ugalde, quienes se incorporaron al Colegio de Abogados el 22 de junio del año 2010 y 20 de febrero del 2013, respectivamente. Ambas tienen asignado el expediente 16-000013-0033-TP, en el que el encartado fue acusado de 28 cargos por supuestas irregularidades en dos créditos por más de $30 millones en el Banco de Costa Rica (BCR) para que Bolaños Rojas -en representación de Sinocem Costa Rica- importara al país cemento desde China. Los hechos en apariencia se dieron entre 2015 y 2017.

Debido a la complejidad del asunto, la cantidad de legajos que conforman la sumaria y los delitos acusados, la Defensa Pública designó a dos de sus funcionarias para el caso.

La primera de ellas es licenciada en Derecho por la Universidad Hispanoamericana (UH). En la actualidad cursa la maestría en Ciencias Penales en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Además, cuenta con capacitaciones de la Corte Suprema de Justicia, la Escuela Judicial y en Florida International University (FIU).

Su compañera en la defensa es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica (UCR). Es mediadora certificada por Saint Jude School, cuenta con una especialidad en Praxis Pretorial Forense del Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Barcelona, España. Actualmente cursa una maestría en Ciencias Penales en su alma máter.

Ambas servidoras se han desempeñado como juristas únicamente en la Defensa Pública, según se desprende de un resumen ejecutivo de la trayectoria de las personeras suministrado a CRHoy.com.

Este medio intentó conocer qué casos habían llevado que pudieran destacar como mediáticos o complejos, pero a través de la oficina de prensa de la Defensa Pública, indicaron que no poseen un registro de ese tipo.

Tampoco tienen un reporte de cuántas absolutorias (por duda o certeza) han conseguido en su carrera.

"Los defensores públicos en materia penal brindan asesoría técnica y jurídica a las personas que enfrentan un proceso penal en cualquier delito. Los casos son designados equitativamente entre las personas que atiendan la materia en cada oficina y conforme a la jurisdicción de que se trate", destacó el órgano auxiliar mediante su departamento de comunicaciones.

Asimismo, ese despacho recordó que, al tratarse de un servicio público, no es posible el rechazo o la renuncia de representaciones legales, como sí ocurre con los abogados particulares. Ello es posible únicamente cuando exista un conflicto de intereses según la Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial.

Tanto Carballo Barquero como Chaves Ugalde llevan en promedio 300 expedientes cada una.

Consultadas sobre el particular de defender a Bolaños Rojas en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del país, ambas respondieron: "A efectos de no afectar la estrategia de defensa que se tiene para el caso concreto, no se va a hacer referencia a la expectativa del proceso, máxime que aún nos encontramos en una etapa privada, conforme el artículo 295 del Código Procesal Penal".

Ilícitos variados

Juan Carlos Bolaños Rojas fue acusado de 28 cargos de 5 presuntos delitos distintos.

La Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República detalló -a solicitud de CRHoy.com– que al empresario se le atribuyen 11 cargos de aparente peculado, 8 de posible receptación, legalización o encubrimiento de bienes, 3 de supuesta influencia sobre la hacienda pública, 3 de presunto uso de falso documento así como 3 de aparente captación indebida de manifestaciones verbales en su condición agravada.

El expediente también achaca cargos a la expresidenta de la institución, Paola Mora Tumminelli, así como otros personeros de la entidad financiera de apellidos Víquez Lizano (ex subgerente de Banca Mayorista), Ramírez Rodríguez (director de Gestión de Créditos), Barrantes Campos (exgerente corporativo de Riesgos y Control de Crédito), Corrales Barboza (ex subgerente de Banca Minorista) y Acuña Alvarado (ex subgerente de Finanzas y Riesgo). También los gerentes de la empresa, de apellidos Rojas Segura y Cortés Zúñiga.

En el expediente en cuestión se persiguieron aparentes irregularidades en la negociación, aprobación, desembolsos y posterior renovación de los préstamos de $20 millones para la compra del material de construcción y el equivalente a $10 millones para su nacionalización del producto.

CRHoy.com dio a conocer en junio de ese año supuestas anomalías con los préstamos hechos a esa compañía, a partir de denuncias presentadas por directivos del Banco de Costa Rica en sesiones de la Junta Directiva. Un mes más tarde, la Asamblea Legislativa instaló una comisión especial que investigó las supuestas irregularidades con los créditos otorgados. En ese foro se destaparon situaciones relacionadas a la presunta influencia que el empresario tenía sobre políticos y funcionarios judiciales.