Decreto de Gobierno admite que país enfrenta “crisis sin precedentes” por homicidios

La Administración Chaves Robles (2022-2026) admitió que "Costa Rica está enfrenando una crisis sin precedentes debido a un aumento significativo en la violencia homicida, principalmente a través del fenómeno del sicariato, que está impactando todo el país".

Así reza el quinto considerando del decreto ejecutivo N°44308-MSP-MG-MJP-MIDEPLAN publicado este 22 de febrero en el diario oficial La Gaceta y que oficializa la política de seguridad pública: Costa Rica Segura Plus 2023-2030.

El planteamiento fue firmado y anunciado el 22 de noviembre de 2023 por Rodrigo Chaves, presidente de la República y los ministros Mario Zamora Cordero; del Ministerio de Seguridad Pública (MSP); Gerald Campos Valverde, de Justicia y Paz, y Laura Fernández Delgado, jerarca del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan).

Las autoridades detallaron que "a lo largo de los últimos años, el descuido en materia de seguridad ha llevado a cifras récord de homicidios, sin que se haya modernizado la institucionalidad y la policía para enfrentar estos nuevos desafíos".

La propuesta presentada en noviembre de 2023 persigue que para 2030, dentro de 6 años, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes sea de a 9,5 (para 2022 fue de 12,6). Es decir, que la cantidad sea de 480 homicidios en ese año.

Durante la gestión de Chaves, Costa Rica experimentó los 2 años más violentos de la historia. El 2022 cerró con 654 homicidios dolosos (66 más que el año previo) y el 2023 culminó con 908 casos, según las estadísticas oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

A este 23 de febrero de 2024 se registran 131 homicidios. Apenas 2 menos que el mismo período del año previo.

El manejo de la crisis de inseguridad a causa de los asesinatos despierta constantes críticas contra el gobierno actual. Sin embargo, el presidente Chaves encasilla la problemática en una pugna entre grupos criminales que se "matan entre ellos", aún y cuando los casos de víctimas colaterales – incluso frente a escuelas- han sido de notoriedad pública.

Así, las aseveraciones del mandatario contrastan con casos como el sucedido este 19 de febrero frente a una escuela en El Cairo de Siquirres, cuando un acto de sicariato terminó hiriendo de bala a una mujer víctima colateral en la cabeza y a 3 niños heridos de bala.

Cuando suceden estos casos, el mandatario enfila las críticas a los jueces del Poder Judicial por emitir medidas cautelares que, en algunos casos, mantienen en libertad a los objetivos de sicariato, pese a que los jueces son simples depositarios de lo que dicen la ley y no pueden emitir resoluciones más allá de lo que la normativa les impone.

Mientras esto sucede, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público urgieron al gobierno más recursos para atender la disputa dispar con las poderosas organizaciones delictivas que funcionan en el país.

El decreto publicado este viernes señala que se preparará un "plan sectorial" que establecerá las prioridades, acciones, entidades responsables, metas, el plazo y los recursos para la ejecución de la política pública, de manera que el monitoreo, seguimiento y evaluación a las mismas sea eficiente.

"Este plan sectorial deberá construirse con la participación de la institucionalidad pública y podrá contar con la participación de los actores del sector", detalla el Artículo 7 del decreto.

El planteamiento presentado en noviembre de 2023 tiene una vigencia de 7 años.

Panorama complejo

Con base en el entorno actual y analizando los casos de 2023, no se prevé que la ola de asesinatos baje de intensidad. Desde enero, el OIJ dijo que no descarta que las cifras se mantengan o aumenten.

"Este aumento exponencial es preocupante, significativo y demuestra que en alguna manera perdimos el control del tema y que, si no tomamos algún tipo de medidas, pues podría incluso ser el 2024, Dios quiera que no, más difícil todavía", explicó en enero pasado Michael Soto, subdirector general a.i. del OIJ.

Para Soto, este no es solo un tema de año, sino de la década que ya inició, pues de un promedio mensual 54,5 crímenes mensuales en el 2020 pasamos a 76 en el 2023.

"Tradicionalmente, Costa Rica ha tenido tasas inferiores a 10 (por cada 100 mil habitantes), sin embargo, la década del 2010 al 2020 realmente ha sido muy compleja y pues esta, en la que estamos, todavía se avizora ahora con más complejidad y que recién la estamos empezando", añadió.

El jefe policial agregó que lejos de solo ser un fenómeno empujado por falta de represión policial, más cárceles o meter más personas a prisión, se ha visto impulsado por el deterioro social que el país no logra superar.

Con los números del 2023, Costa Rica cerró con cifra de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes, superando ampliamente los 12,6 del 2023.

Según datos del OIJ, 45 personas asesinadas se convirtieron en víctimas colaterales en 2023.

La tendencia viene al alza desde el 2021, cuando se registraron apenas 7 crímenes bajo esas características, por lo que el incremento en los últimos 2 años es de 264%.

Antes del 2021, el mayor número de víctimas indirectas durante los homicidios fue de 15, ocurridos tanto en los años 2017 como en el 2020.

Ya para el 2022 comenzó a mostrarse una curva ascendente sobre las muertes de personas inocentes.