Declaran ilegal la huelga en la Municipalidad de Santa Ana

(Archivo).

El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José declaró ilegal la huelga convocada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep) en la Municipalidad de Santa Ana.

Según la jueza Ileana Castillo Porras, el sindicato no tiene un mecanismo a través del cual pueda demostrar que cuenta con el porcentaje requerido de apoyo por parte de los afiliados. 

De acuerdo con el expediente de la jueza, durante el primer día de huelga -el 10 de setiembre- 14 empleados recolectores de basuras se unieron a la huelga. El martes 11 de setiembre fueron 11 empleados. El primer día todos se ausentaron a su lugar de trabajo, mientras que el segundo se quedaron en sus oficinas sin ejercer labores.

Además, la Anep deberá pagar al Estado la suma de un millón de colones para el pago de costas personales y procesales. 

"Se concluye que la falta de uno sólo de los requisitos establecidos en los artículos 371, 375, 377, 378 y 381, convierte a la huelga ilegal, y en el caso de estudio ha quedado demostrado como ya se explico en líneas atrás, que no se dieron varios de ellos. Por lo que, de conformidad con el 385 del Código de Trabajo, deben los huelguistas reintegrarse a su trabajo dentro del plazo de 24 horas, una vez se encuentre firme la presente resolución", dice la resolución de la jueza Castillo.

Ahora el sindicato tiene 3 días para presentar una apelación y, si es así, será una instancia superior la que resuelva de manera definitiva.

La Municipalidad de Santa Ana es la cuarta institución en la que se declara ilegal la huelga. Los jueces tomaron la misma postura para las huelgas en el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Desde el pasado 10 de setiembre 32 instituciones públicas presentaron ante los Juzgados de Trabajo las solicitudes para que se declararan ilegales dichos movimientos. Todavía faltan 29 por resolver.

Estas declaratorias, en caso de quedar en firme, permitirían a las instituciones sancionar a aquellos funcionarios que abandonaron sus funciones debido al llamado a huelga.