Debate: ¿Cuáles son las propuestas para atender la crisis de inseguridad y el alto costo de la vida?
Los candidatos presidenciales Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN); Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana; Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); y Natalia Díaz, de Unidos Podemos (PUP), debieron responder sobre dos temas centrales durante el debate de este martes.
Las consultas se enfocaron en la crisis de inseguridad que enfrenta el país y en el alto costo de la vida, durante el espacio organizado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), junto con Grupo Extra.
El representante del FA inició su intervención cuestionando la ausencia de la candidata oficialista Laura Fernández, a quien reprochó tener más tiempo para hacer documentales que para debatir con otros aspirantes presidenciales.
Robles también señaló que no se opone a la construcción de más centros penitenciarios y que, en un eventual Gobierno suyo, se daría continuidad al proyecto del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (Cacco), impulsado por la actual administración. Recordó, además, que su fracción legislativa votó a favor de asignar los recursos necesarios para esa iniciativa.
No obstante, advirtió que la inseguridad no se resuelve únicamente con un centro carcelario, pues hacerlo sería como "tapar una gotera" sin atender el problema de fondo. Indicó que decretaría una emergencia nacional para intervenir cantones con los índices más altos de violencia.
Asimismo, sostuvo que para enfrentar la inseguridad se requiere una mayor inversión en educación y la construcción de "megaescuelas y megacolegios", en lugar de una megacárcel.
En materia social, Ramos aseguró que impulsará una pensión básica universal, ante la cantidad de adultos mayores que carecen de un ingreso mensual fijo. También planteó ampliar la red de cuido y los albergues diurnos, al considerar que muchas mujeres deben dedicarse al cuido de hijos o familiares, lo que les impide incorporarse al mercado laboral.
Según el liberacionista, cuando fungió como presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se realizaron cálculos que demostraron que, con los recursos que ya aporta el Estado, es posible modificar el sistema de pensiones para hacerlo más progresivo, sin necesidad de nuevas fuentes de financiamiento.
Por su parte, Claudia Dobles fue consultada sobre seguridad y se refirió al impulso de una reforma legal para atacar los capitales emergentes del crimen organizado. Señaló que parte del problema es que, pese al trabajo policial, no se logra despojar a las estructuras criminales de los recursos que utilizan para financiarse.
Afirmó que varias iniciativas en esa línea no han avanzado en la Asamblea Legislativa, por lo que planteó revisar los aspectos que han generado dudas, con el fin de fortalecer los proyectos y garantizar una ley que permita decomisar los fondos de las bandas delictivas, sin dar pie a abusos contra la ciudadanía. Subrayó la necesidad de evitar que, en un contexto que calificó de tintes autoritarios, estas herramientas se utilicen para intimidar.
Juan Carlos Hidalgo explicó su propuesta para reducir las cargas sociales sin afectar las finanzas públicas. Indicó que el primer proyecto que enviaría al Congreso permitiría abaratar los costos de contratación de personas que no lograron concluir sus estudios, un grupo que estimó en cerca de 850.000 personas.
Además, planteó recortar un 7,25 % de los impuestos a la planilla que no financian pensiones ni a la CCSS, trasladando esos montos a impuestos ordinarios, con el objetivo de disminuir la carga laboral y facilitar la contratación.
Para compensar esos ingresos, propuso dos fuentes de financiamiento: una retención del 5 % del impuesto sobre la renta a plataformas tecnológicas y una tasa diferenciada para extranjeros que adquieran propiedades en zonas turísticas.
Natalia Díaz fue consultada sobre su política migratoria, la cual defendió al afirmar que se debe ejercer la fuerza del Estado, como —según dijo— debió hacerse desde hace tiempo. Señaló que la legislación ya faculta estas acciones, pero que es necesario intervenir barrios, revisar "guaridas del crimen" donde hay prostitución y consumo de drogas, y expulsar a extranjeros con antecedentes penales.
También planteó que la atención médica a personas migrantes en condición irregular debe ser pagada por estas y negó que su postura tenga tintes xenófobos. Aseguró que el extranjero que viene a delinquir no debe ingresar al país.