CTP busca permitir concesiones por 15 años a empresas con buses eléctricos

Por moción del empresario autobusero Orlando Ramírez Biolley, el Consejo de Transporte Público (CTP) acordó realizar una consulta legal a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la viabilidad de otorgar concesiones por 15 años a las compañías que decidan adquirir y operar unidades eléctricas.

La junta directiva del CTP tomó la decisión el pasado 13 de junio, según consta en las actas oficiales de la entidad. Sin embargo, desde abril de 2021, durante la Administración Alvarado Quesada (2018-2022) se planteó la alternativa de extender a 15 años (no 7 años, como lo dicta la legislación vigente) las concesiones a las empresas que incorporen vehículos eléctricos en las flotillas.

La propuesta fue retomada por la Administración Chaves Robles (2022-2026). Desde finales de 2022, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) del actual gobierno planteó la posibilidad de gestionar fuentes de financiamiento para que los empresarios adquirieran buses eléctricos a través de condiciones ventajosas. Esto les permitiría, además, obtener un plazo de concesión más extenso.

El empresario Ramírez es representante del sector autobusero en la cúpula del CTP desde mediados de 2022, tras ser designado por Casa Presidencial.

Una unidad eléctrica cuesta entre $260 mil y $280 mil (entre ₡136 millones y ₡146 millones, según el tipo de cambio vigente al 5 de agosto de 2024), mientras el vehículo de diésel ronda los $150 mil (más de ₡78 millones).

La justificación del MOPT es que una concesión 15 años no generaría un impacto "alto" en las tarifas a los usuarios y los empresarios pueden diluir en ese lapso los costos de utilizar las unidades eléctricas.

En la sesión del 13 de junio, Ramírez recalcó que existiría la posibilidad de que las concesiones por 15 años ya estén validadas a la luz de artículos contenidos en las leyes 7600 y 9078. Además, citó el Artículo 21 de la ley 3503 que señala que la renovación de las concesiones debería estar sujeto a la cobertura de las inversiones realizadas por las compañías.

"Aunque hoy nosotros quisiéramos estar agarrados de que sí es así, pero tal vez reforzaría el tema del criterio de la PGR de la generalidad para ver si la interpretación de las leyes generales está acorde. Y, que podamos darle camino a este tema de la electromovilidad, que es un reto gigante que ya lleva 24 meses y ya no sé adónde vamos a llegar. Esa es mi petición, y quisiera que mis compañeros me reafirmaran", citó en la sesión el empresario Ramírez, quien explicó que con la solicitud buscó reafirmar una petición similar efectuada en 2021 y que no prosperó.

Sidia Cerdas, asesora legal del CTP, explicó a los directores de la institución que un proyecto de ley que modificaría algunos artículos de la Ley de Electrificación para que los operadores de rutas de autobús que cuenten con unidades eléctricas obtengan un plazo de concesión de 15 años está bajo análisis y en consulta de entidades como el MOPT o el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

"Contrariamente, quienes no se ajusten a esa ley de electrificación, quedarían siempre con la aplicabilidad del Artículo 21 de la Ley 3503 (concesiones hasta por 7 años). Pero, es un proyecto de ley que, como les indico, ya están en observaciones", detalló la funcionaria.

Ramírez cuestionó en la sesión la "tardanza" de los entes del Estado para discutir este tema y señaló que desde 2018 entró en vigor una ley de electromovilidad y que en 2024, 6 años después, no se han aprobado cambios legales para facilitar la transición hacia flotillas eléctricas en autobuses o taxis.

"Ya en la Asamblea (Legislativa) han señalado que somos nosotros los que no queremos. Y, uno dice: el problema es que los bancos internacionales, que son los que pueden apostar, y le da un proyecto de este, de este tema, de estos tamaños, han sido enfáticos, que si no tienen los 15 años el proyecto no se puede financiar. A menos de lo que diga la concesión, lo cual haría en una condición actual, que ninguna empresa podría llegar a hacer una compra de un autobús que vale 3 veces más, y pagarlo en 4 años, que es lo que le haría falta la concesión, o cuatro años y medio, lo cual es definitivamente necesario los quince años", subrayó el empresario.

La consulta legal a la PGR sobre este tema se gestionaría a través de la dirección ejecutiva y de la dirección legal del CTP.

Imagen con fines ilustrativos. Cortesía MOPT

Plan de gobierno

El interés del gobierno de Chaves en gestionar recursos para que los empresarios adquieran buses eléctricos es tal que fue uno de los temas principales que abordó el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador Jiménez, durante una visita que hizo a Dubái (Emiratos Árabes Unidos) en diciembre de 2023 para participar en actividades ligadas a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP 28.

El hoy exfuncionario se reunió con varios entes de cooperación internacional para promocionar el proyecto de buses eléctricos y así obtener los recursos que se gestionarían a través del fondo que crearía el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

Entre las instituciones a las que se les pidió ayuda en ese momento figuró la Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena, por las siglas en inglés) a través de la plataforma Financiamiento Acelerador de Transición Energética (ETAF, por las siglas en inglés). En esos encuentros también estuvo Franz Tattenbach Capra, ministro de Ambiente y Energía.

En Dubái, el First Abu Dhabi Bank (también de Emiratos Árabes) habló con el MOPT sobre un compromiso para financiar entre $60 millones y $87 millones como parte de los recursos que serían inyectados al fondo del BNCR. Con ese dinero comprarían, aproximadamente, 310 unidades eléctricas.

Desde el 17 de noviembre de 2023, el ministerio adelantó que presentarían política pública de electromovilidad que otorgaría concesiones de hasta 15 años a empresarios que operen con unidades eléctricas. Así lograrían obtener financiamiento en entidades bancarias para comprar este tipo de vehículos.

La política pública de "electromovilidad" contemplaría los diferentes elementos que se necesitan a nivel de contrato, de reglamento y de incentivos para arrendar las unidades eléctricas. Sin embargo, hasta este 5 de agosto el plan no se había presentado. Amador fue destituido del cargo desde marzo pasado.

El alquiler de buses eléctricos formaría parte del plan de sectorización de buses en la Gran Área Metropolitana (GAM).