“Costa Rica no puede combatir el crimen perdiendo libertades”, advierte diputada
La diputada liberacionista, Diana Murillo, manifestó su rechazo a cualquier eventual intento del Poder Ejecutivo de suspender garantías constitucionales como medida para enfrentar la inseguridad y el crimen organizado en el país.
La legisladora cuestionó recientes declaraciones de la presidenta Laura Fernández, quien planteó la posibilidad de solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de algunos derechos fundamentales ante la situación de violencia que enfrenta Costa Rica.
Según Murillo, una medida de este tipo representaría "una señal peligrosa para la democracia costarricense", al considerar que afectaría libertades como el derecho al libre tránsito, la inviolabilidad del domicilio, la privacidad de las comunicaciones, la libertad de reunión y el acceso a información pública.
"Costa Rica no puede combatir la criminalidad debilitando el Estado de Derecho. La seguridad ciudadana jamás debe construirse sacrificando las libertades y garantías que distinguen históricamente a nuestro país", afirmó la diputada.
La legisladora también señaló que la ciudadanía exige "resultados reales, estrategia, prevención, fortalecimiento policial y coordinación institucional", y no propuestas que impliquen limitar derechos constitucionales.
Murillo añadió que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado debe realizarse dentro del marco constitucional y mediante el fortalecimiento del Poder Judicial, el Ministerio Público y los cuerpos policiales.
Finalmente, hizo un llamado a las fuerzas democráticas del país para defender la institucionalidad y rechazar medidas que, según dijo, representen retrocesos en materia de derechos y libertades ciudadanas.
Desde la campaña electoral, Fernández había planteado la posibilidad de solicitar a la Asamblea Legislativa la suspensión temporal de algunas garantías constitucionales en zonas específicas afectadas por el narcotráfico y el sicariato. En octubre de 2025, indicó que estaría dispuesta a impulsar esa medida "en casos estrictamente necesarios" y ante una eventual escalada de violencia.
Más recientemente, el 11 de mayo de 2026, la mandataria afirmó que analizaba sostener una reunión privada con los 57 diputados para mostrarles mapas de calor sobre crimen organizado y discutir la posibilidad de levantar garantías individuales en puntos críticos del país si la situación de violencia empeoraba.
El llamado "estado de excepción" está regulado en los artículos 121 y 140 de la Constitución Política y solo puede aplicarse en situaciones de "evidente necesidad pública", cuando estén comprometidos el orden público, la seguridad del Estado o su subsistencia. La medida requiere la participación tanto del Poder Ejecutivo como de la Asamblea Legislativa.
Para su aval, requiere de 38 votos en el Congreso.