Corte y Asamblea piden a Presidencia convocar Ley de Ejecución de la Pena
Hace pocas semanas Mandatario atacó a jueces porque, a su parecer, actuarían con "alcahuetería"
(CRHoy.com) La Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa solicitaron a la Presidencia de la República que ponga en discusión el proyecto de ley de Ejecución de la Pena, que regula los beneficios carcelarios que reciben los privados de libertad.
Este expediente es considerado como primordial por los diputados y los jerarcas del Poder Judicial.
El texto no fue incluido en la agenda de las Sesiones Extraordinarias que inició el 1 de noviembre y de la que tiene el control el Poder Ejecutivo. Esto quiere decir que es el Gobierno de Rodrigo Chaves el que convoca la lista de proyectos que los diputados pueden discutir y votar.
El hecho de que la propuesta no se incluyera en la convocatoria causó sorpresa en los legisladores, pues el mismo presidente Chaves ha cuestionado los beneficios carcelarios que se le otorgan a las personas que cumplen una condena en la cárcel.
La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana dijo que el proyecto no se había convocado debido a que el texto ingresó a la corriente legislativa hasta el miércoles pasado. Añadió que actualmente hay otros 2 proyectos en este sentido, uno propuesto por el Poder Ejecutivo y otro por los diputados de la antigua administración.
Díaz dijo que antes de realizar la convocatoria el Gobierno iba a consultar el expediente con expertos, dado "lo denso", que -a su parecer- es el tema de brindar estos beneficios a los privados de libertad.
El proyecto de ley de ejecución de la pena fue elaborado por la Sala de Casación Penal, la Fiscalía General de la República y la Defensa Pública, con el apoyo de jueces especializados en ejecución de la pena. Establece que las personas que sean condenadas por crimen organizado, tráfico de drogas, homicidio o femicidio no podrán solicitar esos beneficios.
A la vez, describe los derechos y deberes de las personas sentenciadas, para brindar un marco de seguridad jurídica a ese procedimiento, y plantea un desarrollo sobre las funciones del Sistema Penitenciario Nacional, como dependencia del Ministerio de Justicia y Paz que tiene a su cargo el control y vigilancia de la efectiva ejecución de la sanción penal.
Congreso y Corte insisten en que es un proyecto necesario
Imagen ilustrativa (CRH)
Luego de que trascendiera la negativa del Ejecutivo de incluir el expediente en la agenda para las Extraordinarias, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez exhortó al Gobierno a no demorar su convocatoria.
"El proyecto pretende ser un paso significativo en la construcción de un sistema de justicia penal más eficiente y justo, buscando garantizar tanto la protección de la sociedad como la reintegración de aquellos que hayan cometido delitos", destacó Arias Sánchez.
A la petición del presidente legislativo se sumaron otras voces de diputados como Gloria Navas Montero, presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico; los liberacionistas Alejandra Larios y Gilbert Jiménez; Horacio Alvarado, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Gilberto Campos, del Liberal Progresista (PLP); los oficialistas Jorge Rojas y Alexánder Barrantes, y Priscilla Vindas, del Frente Amplio.
Fiscal general de la República, Carlo Díaz y el presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre
En el Poder Judicial otros jerarcas se han manifestado acerca de la necesidad de empezar con esta discusión cuanto antes.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, señaló que al aprobar esta ley se procura garantizar el cumplimiento de penas impuestas a las personas condenadas y dar una seguridad jurídica al debido proceso. Según Aguirre, esto se logra mediante una clara definición de las competencias de las personas juzgadoras y del Poder Ejecutivo.
"Esta propuesta da certeza y seguridad jurídica a los actores encargados de la administración de la justicia, además establece parámetros para uniformar los criterios a la hora de ejecutar sanciones penales y medidas de seguridad impuestas por los tribunales", manifestó Aguirre semanas atrás.
El Fiscal General, Carlo Díaz, agregó que hoy no existe un procedimiento en el Código Procesal Penal para regular la ejecución de las penas. "Regula los procesos de desinstitucionalización de las personas que están sentenciadas y pone como condiciones que deben cumplir como mínimo un tercio de la pena", afirmó el fiscal.
Otro aspecto relevante, explicó Díaz, es que se regulan las medidas correctivas que establecen los jueces. "En algunas ocasiones los jueces disponen de medidas correctivas y ellos decidían por ejemplo, si tenían que hacer liberaciones masivas de personas sentenciadas y esto no tenía apelación del Ministerio Público ni del Ministerio de Justicia que administra las cárceles", agregó Díaz.