Corte regresa el caso UPAD a la Fiscalía, a 5 meses de salida de Carlos Alvarado

(CRHoy.com) El Tribunal de Corte Plena devolvió el expediente en el que se investigó la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) al Ministerio Público, cinco meses después de que Carlos Alvarado Quesada dejara el poder.

Se trata de la sumaria 22-000006-0033-PE en la que figuraban el exmandatario y el exdiputado Víctor Morales Mora, a quienes el fiscal general interino, Warner Molina Ruiz, acusó de presunto prevaricato (dictar resoluciones contrarias a la ley) y supuesto fraude de ley en la firma del decreto 41996-MP-Mideplán, que el 17 de febrero de 2020 instaló el órgano asesor.

La información la confirmó el 28 de octubre pasado la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia ante una consulta de CRHoy.com. El dato fue ratificado el defensor del excongresista del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ewald Acuña Blanco.

"El expediente completo pasa ahora a trámite ordinario. La Fiscalía ahora, vía procedimiento ordinario, tiene que continuar con el proceso", explicó el abogado en conversación este medio.

La gestión era esperable en el tanto que Alvarado Quesada y Morales Mora gozaron hasta el 8 de mayo pasado de una inmunidad que otorga la Constitución Política a los miembros de los Supremos Poderes. Este fuero especial obliga a que todas las investigaciones penales seguidas contra estos se lleven a cabo en la Fiscalía General y la Sala de Casación Penal.

A los magistrados en pleno, como tribunal, les correspondía -en virtud de la inmunidad antes citada- conocer la pieza acusatoria presentada contra el expresidente y el exparlamentario, a fin de determinar si esta cumplía los requisitos mínimos para ser remitida a la Asamblea Legislativa. El Congreso debía valorar si correspondía o no la remoción del fuero a los sospechosos; situación que no ocurrió, pues venció primero el periodo constitucional.

Esa pieza deberá ser reasignada a lo interno de la Fiscalía. Una vez que se determine el despacho que seguirá el caso, este deberá tomar declaración indagatoria a Alvarado Quesada y Morales Mora. Es en ese momento en el que a una persona se le informa el delito por el que se le persigue y la prueba que se tiene en su contra.

Luego el Ministerio Público tendrá que estudiar si modifica o no el requerimiento conclusivo redactado por Molina Ruiz, y luego presentarla ante un juzgado penal, que deberá señalar una audiencia preliminar para conocer la acusación y determinar si eleva o no el caso a juicio. Por el tipo de delito, es posible que ello ocurra ante la jurisdicción de Hacienda y de la Función Pública, que tiene su sede en Goicoechea.

El 21 de junio, los representantes legales del exgobernante, Rodolfo Brenes Vargas y Róger Guevara Vega, dieron a conocer que la Sala de Casación Penal trasladó la causa 20-005434-0042-PE a la vía ordinaria. Esa es la pesquisa original, iniciada a partir de al menos dos denuncias posteriores a que CRHoy.com revelara la creación de la Unidad de Análisis de Datos, el 21 de febrero de 2020. Una de estas fue presentada por el exfiscal general Francisco Dall'Anese Ruiz, mientras que la otra por la ahora parlamentaria Gloria Navas Montero.

"Como lo hemos hecho desde el inicio, atenderemos respetuosos todas las fases que el proceso demande, con la certeza de que no se ha cometido ningún delito", indicaron entonces los representantes del expresidente en una declaración conjunta.

Dicha investigación se sigue contra Alvarado Quesada, Morales Mora, el ex viceministro de Planificación, Daniel Soto Castro; la jefa de despacho de Alvarado Quesada, Felly Salas Hernández; el exasesor legal Luis Salazar Murillo; así como los tres exanalistas de datos, Diego Fernández Montero, Alejandro Madrigal Rivas y Andrés Villalobos Villalobos.

En ese caso se persigue una aparente violación de datos personales. Inicialmente, en este también se investigaba el presunto prevaricato y el supuesto fraude de ley, pero el fiscal general interino separó esos hechos para acusar el 2 de febrero anterior al exmandatario y el exdiputado, en la antesala de la primera ronda de las elecciones.

Asimismo, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) hizo un testimonio de piezas bajo el número de referencia 22-000007-0033-PE seguido contra Soto Castro, a quien se le atribuyen los delitos antes mencionados, toda vez que suscribió el decreto como ministro interino de Planificación.

Con esa decisión, la apertura de la evidencia contenida en los celulares y computadoras incautados durante los allanamientos ejecutados el 28 de febrero de 2020 en la Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), además de cuatro casas particulares; pasaron a la vía ordinaria. Ese trámite se trabó en la Sala Tercera, en medio de señalamientos entre los fiscales y defensores sobre las razones que ralentizaron el avance del proceso.

El decreto en cuestión fue derogado cuatro días después de su publicación, luego de que este medio diera a conocer sus alcances.