Corte rechazó permiso a ministro Gerald Campos en medio de trámite por posible juicio en su contra
Magistrados decidieron no extender permiso para que siga como ministro de Justicia
La Corte Plena rechazó este lunes una prórroga al permiso que tiene Gerald Campos Valverde para ejercer como ministro de Justicia y Paz en el gobierno de Rodrigo Chaves Robles, al tiempo que está pendiente otra decisión sobre un posible juicio en contra del jerarca.
Campos es funcionario del Poder Judicial: tiene plaza en propiedad como subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y, para trabajar en el Poder Ejecutivo, necesita la autorización de los magistrados.
En mayo de 2022, se le otorgó el aval para dejar su puesto en la policía judicial y asumir un cargo en el gabinete chavista. En mayo de 2023 y en mayo de 2024, se aprobaron dos extensiones por plazos de 12 meses que vencen el próximo mes, por lo que Campos solicitó a los magistrados una nueva prórroga.
Para obtenerla, necesitaba el respaldo de al menos 17 magistrados, según lo establece el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, los 12 votos a favor que recibió este lunes no fueron suficientes para garantizar su permanencia en el cargo cercano a Chaves.
Entre los 10 miembros de la Corte que votaron en contra, varios reafirmaron que históricamente han mantenido esta postura, al considerar estos permisos inoportunos, inadecuados y hasta una amenaza para la imparcialidad e independencia del Poder Judicial.
El rechazo a la prórroga del permiso de Gerald Campos ocurre en un momento en que se vislumbra la posibilidad de un juicio en su contra.
Acusación y juicio pendiente
El pasado 30 de enero, la Fiscalía General elevó una acusación contra el ministro de Justicia, a quien se le atribuye la presunta comisión de varios delitos, entre ellos peculado, falsedad ideológica y reconocimiento ilegal de beneficios laborales.
El Ministerio Público remitió la acusación al Tribunal de la Corte para que analice su procedencia y la posibilidad de solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad del ministro con el fin de realizar un antejuicio.
Tras la gestión de la Fiscalía General, CR Hoy consultó a la Secretaría General de la Corte sobre los avances en la acusación penal contra Campos y si ya existe una resolución al respecto. No obstante, el pasado miércoles 26 de marzo, el Departamento de Prensa del Poder Judicial informó que la gestión estaba en trámite.
Los presuntos delitos atribuidos a Campos Valverde incluyen reconocimiento ilegal de beneficios laborales en concurso ideal con dos delitos de peculado, así como dos delitos de peculado en concurso ideal con dos delitos de falsedad ideológica.
El concurso ideal es una figura jurídica que se da cuando, con una sola acción, se cometen dos o más delitos. Es decir, en un solo acto, el ministro habría incurrido en varias acciones ilegales.
La causa penal que enfrenta Gerald Campos data de años atrás, incluso antes de que asumiera un cargo en el gabinete de Rodrigo Chaves Robles. Los hechos ocurrieron cuando ejercía como subdirector del OIJ.
En el expediente 22-000002-1961-PE, a Campos se le atribuyen varios actos presuntamente ilícitos, como el uso irregular de un vehículo asignado, cobros excesivos por horas extra a favor de un custodio de apellido Jara y la inclusión de datos, en apariencia falsos, para obtener el pago de viáticos.
Inicialmente, esta causa penal se tramitaba de forma ordinaria en un tribunal penal. Sin embargo, al obtener un fuero especial por su nombramiento como jerarca de Justicia, la persecución penal pasó a manos del fiscal general.
Tiempo atrás, Campos había prometido renunciar a su inmunidad cuando el requerimiento fuera tramitado en el Congreso. Justamente, el hecho de que la acusación haya sido elevada modificó la postura de algunos magistrados.
La magistrada Iris Rocío Rojas afirmó que, aunque usualmente no se opone a estos permisos, la inacción del ministro para renunciar a su inmunidad la motivó a votar en contra.
"Don Gerald había dicho que cuando el asunto de él fuera elevado a juicio, él iba a ponerse a las órdenes de los Tribunales de Justicia, lo que no hizo entonces en consecuencia, a mí me parece que no es conveniente", señaló la alta jueza.
Además, Rojas indicó que no existe un interés público ni institucional fundamentado que justifique la permanencia de Campos en el gobierno como algo beneficioso para el país.
Otros magistrados explicaron los motivos de su voto en contra, en su mayoría, ellos mantienen la misma línea negativa desde años atrás.
Porfirio Sánchez señaló como inadecuadas este tipo de relaciones entre la justicia y la política, mientras que Paul Rueda aseveró que estos permisos amenazan la imparcialidad y la independencia del Poder Judicial.
Por su parte, la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, calificó como inconveniente el fenómeno de las "puertas giratorias" especialmente altos jerarcas judiciales, al considerar que podría derivar en la politización de las acciones dentro del Poder Judicial.
Largo proceso
En enero de 2023, la acusación y la solicitud de apertura de juicio fueron presentadas ante la Sala Tercera de Casación Penal, instancia judicial encargada de tramitar estos casos debido al cargo que ostenta el ministro, pero el procedimiento penal para procesar a Campos es especial.
Tras conocer la solicitud de apertura a juicio, la Sala de Casación Penal debe remitir un informe para que la Corte Suprema de Justicia en pleno solicite a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad del ministro. Solo entonces podrá iniciarse el juzgamiento.
No obstante, los magistrados de la Sala Tercera devolvieron la solicitud y la acusación contra Gerald Campos a la Fiscalía.
Fuentes cercanas a la Corte Suprema de Justicia informaron a CR Hoy en abril de 2024 que la razón para devolver el expediente y no solicitar en ese momento el levantamiento de la inmunidad fue la necesidad de corregir el procedimiento.
Dado que la investigación contra el ministro de Justicia se inició en un procedimiento ordinario cuando él aún no ocupaba un cargo con fuero especial, la acusación no podía presentarse de la misma manera. La Fiscalía General debía corregir o ajustar el procedimiento para definir si mantenía la acusación en los mismos términos.
Por casi un año, y pese a haber concluido la investigación, el expediente se mantuvo sin avances en el Ministerio Público hasta que finalmente, a finales de enero, se presentó nuevamente ante la Corte.
Ahora hay dos escenarios: si Campos renuncia a su plaza en el OIJ para continuar como ministro, mantendrá su inmunidad y el proceso especial en su contra deberá seguir adelante. La otra posibilidad es que regrese a su puesto en la policía judicial, con lo que perdería su inmunidad y quedaría expuesto a ser juzgado por la vía penal ordinaria.
Este medio solicitó una reacción a Campos directamente vía WhatsApp, pero al cierre de esta publicación no respondió los mensajes. En entrevista con el canal regional Trivisión, el jerarca anunció que esperará ser notificado de la resolución para presentar un recurso de reconsideración a la Corte y para conocer las razones del rechazo a la extensión de su permiso, que vence el 7 de mayo.