Corte Plena revisará medidas cautelares para frenar choques entre tribunales
Magistrados en Corte Plena
La Corte Plena acordó este lunes analizar a fondo la normativa y aplicación de las medidas cautelares en el país, con el objetivo de frenar situaciones como las ocurridas en casos recientes vinculados a crimen organizado y corrupción.
La discusión partió de una propuesta del magistrado Paul Rueda para crear una comisión que rindiera un informe en 15 días, pero terminó en la decisión de que cada Sala de la Corte Suprema de Justicia analice el tema por separado y remita un informe al pleno.
¿Qué analizarán y por qué?
El análisis se centrará en revisar la amplitud de la normativa vigente. Según el magistrado Rueda, el derecho debe ajustarse a las urgencias actuales, por lo que es necesario revisar los requisitos para imponer estas medidas.
Rueda advirtió que una normativa demasiado amplia podría dar pie a resoluciones que afecten la seguridad jurídica, por lo que se requiere mayor precisión legal y un análisis más detallado al momento de aplicarlas.
El magistrado Jorge Leiva coincidió en la urgencia de hacer ajustes puntuales, en especial en casos de crimen organizado y corrupción, sin afectar la independencia de criterio de cada juez. Ese trabajo ya avanza: se redactan propuestas normativas que, una vez analizadas por la Corte, se presentarían ante la Asamblea Legislativa.
La magistrada Patricia Vargas planteó otro problema que preocupa al Poder Judicial: los choques de jurisdicciones. Actualmente hay funcionarios despedidos por la Corte o por otras instancias en temas delicados que acuden a la vía contencioso-administrativa y terminan reinstalados en puestos de alta sensibilidad.
La propuesta busca armonizar las normativas penal, contenciosa, laboral y disciplinaria, e incorporar disposiciones que permitan a los jueces valorar mejor el peligro de fuga y de obstaculización en casos de delincuencia organizada. Con ello se evitarían disfunciones entre jurisdicciones que afecten la imagen del Poder Judicial.
Prioridad a funcionarios suspendidos
Uno de los puntos más críticos de la sesión, que terminó en un acuerdo en firme, lo planteó la magistrada Damaris Vargas, quien alertó sobre el impacto presupuestario e institucional de los funcionarios investigados o sancionados que permanecen suspendidos con goce de salario.
La magistrada Roxana Chacón calificó la situación de "urgente": "No puede ser que funcionarios estén metidos en crimen organizado y casi que se les esté pagando por esa participación".
El acuerdo estableció priorizar el trámite, en todas las materias, de los casos que involucren a funcionarios suspendidos con goce salarial.
Otros magistrados aportaron ideas adicionales. Jorge Olaso propuso que la jurisdicción laboral valore si un caso está ligado a crimen organizado, con base en jurisprudencia ya emitida por la Sala Constitucional. Patricia Solano planteó que, en ciertos casos, se opte por el despido con responsabilidad patronal, con el fin de separar de inmediato el riesgo de la institución.
Los magistrados coincidieron, además, en la necesidad de fortalecer la capacitación de los jueces que deciden si dictar o no estas medidas cautelares.