Corte plantea declarar “Estado de Urgencia y Necesidad” para reforzar seguridad en sus sedes

Durante la sesión de este lunes 10 de febrero, la Corte Suprema de Justicia acordó revisar las partidas presupuestarias para redirigir recursos con el fin de fortalecer la seguridad de los usuarios y los funcionarios judiciales y analizar la posibilidad de declarar un estado de "urgencia y necesidad" para mejorar la vigilancia en algunas de sus sedes.

Esto sin afectar los servicios de administración que se brindan a la población.

"Esta medida busca, de forma responsable y ágil, atender y prevenir posibles ataques a las distintas sedes judiciales, priorizando aquellas que, según los diagnósticos elaborados por la institución, enfrentan mayores riesgos o vulnerabilidades, como las ubicadas en la provincia de Limón", indica el documento.

Esta una respuesta concreta de la Corte Plena, tras el asesinato de Geiner Zamora, subjefe de la delegación regional de Pococí y Guácimo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Zamora fue atacado con arma de fuego el viernes 31 de enero, cuando se encontraba en un restaurante en Guápiles.

El agente falleció el 4 de febrero tras varios días luchando por su vida, debido a un daño cerebral irreparable.

"Para el Poder Judicial, la seguridad de las personas funcionarias y de quienes requieren nuestros servicios es una prioridad. Estamos tomando medidas, fortaleciendo programas y generando cambios, siempre con el objetivo de atender de manera oportuna la situación de violencia que enfrenta el país. El acuerdo de este lunes refleja el compromiso de todo el Poder Judicial y la unión hacia un mismo objetivo", afirmó Orlando Aguirre Gómez

Consulta a la Contraloría

La Corte decidió enviar una consulta a la Contraloría General de la República (CGR) sobre la posibilidad de declarar un "Estado de Urgencia y Necesidad", para disponer de fondos adicionales del Fondo de Emergencias del Poder Judicial.

Esto con el fin de reforzar la seguridad en los circuitos judiciales de Limón, Pococí y el I Circuito Judicial de San José.

Además, los magistrados aprobaron la implementación del protocolo ante atacantes activos, así como una  "Guía de autoprotección para funcionarios del Poder Judicial".

Las herramientas forman parte del "Proyecto Fortalecimiento de la Seguridad Institucional", con lo cual, en 2024, se capacitó a 12 mil funcionarios en dichos temas, lo que representa un 80% del personal.

Para este 2025 pronostican que se alcanzará al 100%.

El proyecto se sustenta en 3 ejes estratégicos y cuenta con un presupuesto de ₡2.400 millones para 2025.

1. Seguridad en infraestructura, tecnología y recurso humano

• Instalación de cerramientos perimetrales
• Construcción de cámaras de seguridad tipo exclusamiento
• Implementación de casetas de seguridad
• Ampliación del sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)
• Instalación de sistemas de alarma, botones de pánico y control de acceso
• Fortalecimiento del servicio de seguridad privada

2. Seguridad en los procesos

• Actualización y aplicación de protocolos y reglamentos para la prevención y respuesta ante situaciones de riesgo
• Revisión de los sistemas de detección temprana de amenazas y vigilancia
• Coordinación con entidades externas para fortalecer las acciones de seguridad

3. Seguridad de las personas

• Capacitación obligatoria en vigilancia y manejo de riesgos para el personal judicial
• Charlas sobre medidas preventivas y autoprotección