Corte desmiente a Rodrigo Chaves y Laura Fernández por edificio de Sala IV

El Poder Judicial rebatió las declaraciones de la nueva ministra de Presidencia, Laura Fernández Delgado y del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, en las que este miércoles cuestionaron una supuesta falta de controles por parte de la Contraloría General de la República en la compra de 2 terrenos por parte del Poder Judicial para la construcción del edificio de la Sala Constitucional.

Fernández cuestionó que el ente contralor no habría, supuestamente, ejercido sus controles para la compra de estos 2 terrenos que tuvieron un costo de ¢2 mil millones.

"Entre los dos suman más de ¢2 mil millones. Ahí nadie dijo que eso era contratar a dedo, que había que hacer estudios de mercado, no hubo interpretación, a nadie le dijeron nadas. Que dichosos, puede ejecutar proyectos con la ley vigente, pero para el Gobierno y Ciudad Gobierno aparecieron todas las cosas e interpretaciones", dijo la nueva ministra.

A esas declaraciones, el presidente Chaves asintió: "Se abre el telón, aparece un proyecto de enorme interés público que es Ciudad Gobierno, se cierra el telón y aparece la contralora diciendo no, no se puede, yo interpreto, yo advierto, yo digo no. Se vuelve abrir el telón y aparece la Sala IV comprando propiedades, discreción propia, sin concursos, donde sea, no hay problema, la Contraloría calladita. A mis amigos todo, a mis enemigos les aplico la ley".  

Tras esas declaraciones de la ministra Delgado y el presidente Chaves, el Poder Judicial emitió un comunicado en donde aclaró a los ciudadanos como se gestó la compra de los terrenos para la Sala Constitucional y en el que dejó claro que el ente contralor dio su refrendo al contrato del fideicomiso para la obra desde noviembre de 2015, es decir, desde hace casi 9 años.

"Existe un Contrato del Fideicomiso Inmobiliario suscrito entre el Poder Judicial y el Banco de Costa Rica (BCR), el cual dispone del refrendo de la Contraloría General de la República (con fecha del 26 de noviembre de 2015), el cual se realizó para el desarrollo de obras, compra de terrenos o edificaciones para el Poder Judicial de la República de Costa Rica. El BCR, dentro de la cláusula de dicho contrato, funge como Fiduciario. El fideicomitente y Fideicomisario es la Corte Suprema de Justicia", zanjó el Poder Judicial.

El Poder Judicial añadió que dicho fideicomiso "se enmarca en el ordenamiento jurídico costarricense y tiene como objetivo, entre otros, la adquisición directa de terrenos. Dentro del contrato y sus adendas se contempla la adquisición de terreno y construcción del edificio para albergar a la Sala Constitucional", señala el texto.

En su aclaración, la Corte añadió que con el propósito de que en el corto plazo la Sala Constitucional disponga de una edificación propia, el Poder Judicial, emitió la orden al fideicomiso para la compra de un terreno en donde pudiera un edificio para la Sala.

"En atención a dicha instrucción, actualmente el BCR, en calidad de Fiduciario, se encuentra en un proceso de contratación de un terreno para la Sala Constitucional, a través del Fideicomiso. De tal manera que el Fiduciario emitió la decisión inicial de la contratación denominada "Procedimiento Especial para la adquisición de bien inmueble para albergar el nuevo edificio de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con el fin de continuar con el trámite en el Sistema Integrado SICOP y siguiendo lo dispuesto en a los artículos 37 y 67 de la Ley General de Contratación Pública, numeral que le permite a la Administración comprar y tomar en arrendamiento bienes inmuebles, sin emplear procedimientos ordinarios cumpliendo una serie de requisitos normativamente señalados".