Corte analizará impacto de recortes para 2027: advierte riesgo para 2500 empleos
El recorte de ₡40.400 millones propuesto para 2027 pondría en riesgo más de 2.500 puestos en el Poder Judicial, advirtió la Corte Plena, que elaborará un informe sobre su impacto ante la omisión de la Asamblea Legislativa de consultarle.
Los magistrados tomaron el acuerdo este lunes. El informe estará a cargo del magistrado Jorge Leiva, quien lo presentará en las próximas sesiones.
Durante la discusión, la Corte recordó que, además de la audiencia general con sus jerarcas, el Congreso está obligado a pedirle un criterio detallado cuando un proyecto de ley pueda afectar la estructura del Poder Judicial.
Esa consulta debió hacerse al inicio del trámite del presupuesto. Un mes después, la Comisión de Asuntos Hacendarios todavía no la ha solicitado.
Leiva, quien impulsó la advertencia, aseguró que las consecuencias serían severas. Según explicó, las normas presupuestarias que plantea el Ministerio de Hacienda son las que amenazan esas plazas, y su pérdida prácticamente paralizaría la institución.
Además, el Poder Judicial tendría que pagar cuantiosas sumas por liquidaciones, por lo que el recorte generaría más gastos en lugar de ahorros.
El magistrado Carlos Zamora enfatizó que la Asamblea incumplió su deber constitucional de consultar a la Corte. A su juicio, aunque no se le pida criterio, el tribunal debe advertir sobre la posible inconstitucionalidad de un proyecto que requiere 38 votos para aprobarse en el plenario, como un filtro adicional.
Patricia Vargas, magistrada de la Sala Tercera, explicó que, además de los criterios de la Dirección Jurídica, existen pronunciamientos de la Contraloría General de la República que respaldan la facultad de alertar al Congreso sobre proyectos que podrían ser inconstitucionales.
También hay antecedentes en la Sala Constitucional, que desde 2021 ha anulado normas presupuestarias por afectar la independencia judicial o por no haber sido consultadas. Los magistrados de ese tribunal se abstuvieron de participar en la discusión.
Algunos integrantes de la Corte plantearon pronunciarse de inmediato, pues los jerarcas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público, la Defensa Pública y otras dependencias ya expusieron sus posiciones. Finalmente, los magistrados avalaron que Leiva recopile la información en el informe.
El plan de gastos de Hacienda combina un recorte directo con el bloqueo de fondos mediante normas presupuestarias.
El recorte directo ronda los ₡10.543 millones, una rebaja del 1,9% frente al presupuesto de 2026. Golpea principalmente la compra de vehículos del OIJ y las remuneraciones.
Los fondos congelados suman ₡29.844 millones. Están aprobados en el papel, pero quedan retenidos mediante controles que no se aplican a ninguna otra institución. El Poder Judicial solo podría usarlos si cumple requisitos técnicos y obtiene el aval legislativo.
Con ambos montos, la Corte Plena advierte de un escenario cercano al "cierre técnico" de programas esenciales, porque la institución perdería liquidez para atender sus necesidades diarias en seguridad y justicia.
CR Hoy intentó conocer la posición del presidente de Hacendarios, el diputado Nogui Acosta, sobre la omisión, pero al cierre de esta nota no había respondido.