Corte alista reforma a régimen disciplinario ante incursión de crimen organizado en Poder Judicial
Permitirían revisión de cuentas bancarias, intervención de llamadas y uso de pruebas en procesos penales
La Corte Suprema de Justicia alista un proyecto de ley para reformar integralmente el régimen disciplinario de toda la institución. Uno de los principales elementos de la iniciativa, aun en construcción, es reestructurar los plazos y herramientas para investigar a los funcionarios que incurren en faltas dentro o fuera del ejercicio de sus funciones.
Esto ocurre ante la crecida de empleados judiciales que han sido detenidos o imputados en casos de narcotráfico, crimen organizado, legitimación de capitales y corrupción. Solo en las últimas tres semanas, se han vinculado al menos 15 colaboradores de la administración de justicia en causas penales.
Uno de las actualizaciones radica en darle más instrumentos a los órganos disciplinarios para hacer investigaciones. Por ejemplo, podrían incorporar pruebas de causas penales para que sirvan también en los procesos administrativos. Así lo detalló a CRHoy.com, el presidente de la Corte, Orlando Aguirre.
Se está revisando el sistema para que nosotros podamos accesar también a medios probatorios que en este momento no se puede, como informaciones de cuentas bancarias o de comunicaciones, o apoderarse de información recaba por esas vías.
El sistema para supervisar el comportamiento de los funcionarios tiene 30 años de no actualizarse de forma completa: únicamente se han ido incorporando algunos cambios menores. El magistrado Aguirre reconoce que el sistema requiere ser actualizado para cerrar portillos actuales que permiten la impunidad.
Yo diría que ha venido sirviendo desde hace muchos años, pero es necesario modernizarlo para hacer más claro el procedimiento. También fijar con precisión y de forma más amplia los términos de prescripción o de caducidad de la potestad disciplinaria.
Actualmente las normas son confusas, permiten interpretaciones y eso ha hecho que con frecuencia no podamos ejercer ese régimen, porque ya sea a nivel administrativo o jurisdiccional -en los juzgados contenciosos-, se ha extinguido la acción por el transcurso de un leve plazo, que a veces es nada más un mes: es muy corto y se está revisando para hacerlo más amplio.
Investigaciones internas con más dientes
La propuesta es construida por los magistrados Luis Porfirio Sánchez, presidente de Sala Segunda y Jorge Leiva, de la Sala Primera. Ambos detallaron en entrevista con CRHoy.com, las herramientas que se incorporan en la iniciativa, las cuales no existen en hasta ahora en procesos disciplinarios administrativos que existen en el país.
Por ejemplo, con la supervisión de un juez de la República, los órganos disciplinarios podrán acceder a información confidencial de las cuentas bancarias, registros de accionistas y sociedades para poder conocer cuál es la realidad patrimonial, qué está haciendo el funcionario en su vida privada y detectar si hay alguna luz roja que deba ser investigada.
También, se abre la puerta a incorporar en el procedimiento disciplinario elementos de prueba que ya se han incorporado en un proceso penal, tales como intervenciones telefónicas, seguimientos o informes policiales. Así lo explicó el magistrado Leiva.
Es decir, en el marco de una investigación penal con todas las garantías, hubo una intervención telefónica y esa intervención telefónica, se dan luces de que tenemos a un funcionario en algo que no debería estar.
Entonces, la idea es tener una habilitación legislativa para poder hacer esa incorporación de esa prueba al proceso disciplinario.
Aclaro, no estamos pensando en convertir el proceso disciplinario en un proceso penal, sino que al haber una situación de alarma, la atendemos también desde el punto de vista disciplinario.
Presidente de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez (derecha). Foto: Jose Adelio Murillo.
Al día de hoy, los empleados públicos de cualquier institución con ciertas características deben brindar una declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República. Pero el Poder Judicial no tiene acceso a esa información, por falta de una ley que lo permita. El magistrado Sánchez explicó que la reforma impulsaba abriría la puerta.
En forma anual, todos los empleados públicos tenemos que hacer una declaración ante la Contraloría General de todos nuestros bienes y a nivel disciplinario, nosotros no podemos tener acceso a esa a esa información. Eso es una serie limitación, porque una persona que se le nota que se está acrecentando su patrimonio, nosotros no tenemos como por lo menos poner una alerta.
Entonces dentro de las diligencias, el órgano disciplinario podría emitir una resolución fundamentada para solicitarle a un juez contencioso las declaraciones juradas. Entonces una vez que se acredita que existe un proceso por ejemplo, por un caso de corrupción, el juez puede ordenarle a la Contraloría General recabar la información con respecto a esa persona.
El magistrado Luis Porfirio Sánchez recalcó la importancia de aprovechar en un proceso administrativo, las evidencias que se recaban a nivel penal.
Nuestro Poder Judicial es muy diferente al resto de poderes judiciales del mundo, porque nosotros tenemos el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y tenemos la Judicatura todo en un solo Poder Judicial.
Sin duda, en ocasiones la policía judicial se puede percatar de que alguno de nuestros servidores judiciales está involucrado en un caso de narcotráfico o de crimen organizado. Lo que pasa es que hoy, esa información solo sirve para el proceso penal porque la ley tiene la limitación de que eso no se puede utilizar para los procesos administrativos.
Precisamente eso es una de las cuestiones donde nosotros tenemos que fortalecer ya la normativa disciplinaria.
Los magistrados reconocen que traer evidencias del expediente judicial a un proceso administrativo disciplinario, podrían generar algún tipo de retraso. Esto debido a que el proceso penal es privado en su fase preparatoria y por ende, tendrían que esperar a que la acusación esté lista. Ante esto, el magistrado Leiva indicó:
El riesgo lo tenemos. Ahora, estamos tratando de generar una armonización y tratar de abrir plazos, para evitar la impunidad y también tengamos claro: no es que el proceso disciplinario en este caso concreto está dependiendo de esa prueba.
Normalmente, vamos a tener un cúmulo de elementos adicionales que nos va a permitir hacer la la investigación disciplinaria.
Sería recomendable que se acceda a la a esa prueba apenas está incorporada en el expediente penal, pero el riesgo enorme y en eso nosotros también tenemos que tener cuidado: que la persecución disciplinaria no dé al traste la investigación penal.
Magistrado de la Sala Primera, Jorge Leiva Poveda. Foto: Jose Adelio Murillo.
Además, la ley permite ponerle pausa al proceso disciplinario hasta que avance el proceso penal, para garantizar no contaminar el proceso penal.
Otra modificación es que el proyecto para reformar el régimen disciplinario del Poder Judicial, es la creación de una investigación previa previo a que se abra el proceso administrativo, para evitar que los plazos se venzan y queden impunes los actos indebidos. De esta forma lo detalló el magistrado Sánchez.
Hay una norma en la Ley Orgánica que establece cuánto debe durar un proceso judicial y el inicio es de un mes para iniciar el proceso. Eso a veces es un problema de impunidad, porque dura una investigación y dar un traslado de cargos para iniciar con indagaciones no es fácil.
En los casos de corrupción se requiere un mayor cuidado para poder recabar ciertos elementos probatorios. Entonces estamos también eliminando esos plazos, armonizándolos con los plazos de la Ley General de la Administración Pública con la finalidad de unificar. Con esto nos quitamos ese problema que es la limitación de un mes para notificar.
El proyecto de ley que alistan los magistrados continúan en construcción: cuando esté listo, será llevado a la Corte Plena para analizarlo y posteriormente, presentarlo ante la Asamblea Legislativa para su trámite.