Cooperación no reembolsable de BCIE son recursos públicos, define la Contraloría
Este lunes se reanudarán audiencias en comisión
La Contraloría General de la República (CGR) determinó que los recursos brindados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) a Costa Rica como parte de cooperación no reembolsable son fondos públicos.
Así lo confirmó el ente contralor tras una consulta planteada por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Andrea Álvarez Marín, en el marco de la investigación en la comisión investigadora sobre las cuestionadas contrataciones en el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).
En su condición de autoridad fiscalizadora, mediante oficio DFOE-FIP-0033 del pasado 7 de febrero la CGR señaló a la diputada:
"Se deriva que los recursos provenientes de cooperación no reembolsable otorgada por un organismo internacional como el BCIE, ya sean en especie o en efectivo, adquieren la condición de fondos públicos en el momento en que pasan a ser propiedad del Estado costarricense, esto es, en el momento en que el Estado los recibe o se apropia de ellos, no mientras permanezcan en poder del organismo internacional".
Ante esta respuesta, la diputada Álvarez Marín indicó que este criterio viene a aclarar y dar sustento a los argumentos que los diputados de la oposición han sostenido en la comisión y la necesidad de que la ejecución de los mismos se realice de forma transparente para los ciudadanos y no de forma discrecional como se ha pretendido por el gobierno de la República y lo defienden los diputados oficialistas.
Ante la claridad del criterio brindado por la Contraloría General de la República, este documento será remitido a la comisión investigadora, para que conste en el expediente y se revise el adecuado uso de los recursos públicos.
El oficio con la consulta de la diputada Álvarez y la respuesta del ente contralor puede verlos en estos enlaces:
CGR Consulta BCIE DFOE-FIP-0033(01307)-2024 (1)
Este lunes los diputados de la comisión investigadora retomarán su trabajo. De momento se desconoce la persona que deberá de comparecer.
El Congreso aprobó la creación de esta comisión el pasado 13 de setiembre y dio un plazo para entregar un informe para este 24 de noviembre; sin embargo, a finales de año se aprobó una moción para extender el plazo por 90 días más.
La investigación legislativa inició luego que transcendió que el Sinart contrató como proveedor a la empresa RMC La Productora, del productor Christian Bulgarelli, quien según indicó la ministra de educación en un documento oficial entregado a la fracción del Frente Amplio (FA), funge como asesor de comunicación de Casa Presidencial.
Además, en una respuesta que envió el propio Sinart al diputado del FA Ariel Robles, la entonces asesora jurídica de la institución, afirmó que recibió órdenes directas del expresidente del Sinart, Allan Tigueros para contratar a la empresa RMC.
Bulgarelli, según afirmó la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, participó en el diseño de una contratación de servicios de comunicación por $300 mil financiados por el BCIE que, posteriormente, le fue adjudicada.
En las últimas audiencias de esta comisión, además quedó en evidencia que existió presión de parte del presidente Chaves para que la Junta de Protección Social (JPS) contratara al Sinart para colocar la publicidad de la Junta por medio de la agencia de publicidad RTN.
Esas presiones también se dieron en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para la marca de telefonía de la institución, según reveló la exdirectora comercial